El plan del Ayuntamiento de Madrid contra las viviendas de uso turístico ilegales se ha saldado con la inspección de cerca de 7.000 viviendas y el orden de cierre para 388 de ellas. La campaña de la Agencia de Actividades iniciada el pasado mes de agosto se instauró con el objetivo de poner coto al alquiler turístico de viviendas que ahora carece de un marco legal y que amenaza la convivencia en los barrios más céntricos de la ciudad.
6.926 viviendas inspeccionadas, de las cuales se ha comprobado que 967 se dedican al alojamiento turístico. Por el momento se han iniciado expedientes de cese y clausura para 710 de ellas y se han firmado 338 órdenes de cese de la actividad. De éstas, se ha finalizado el expediente en 23 viviendas que estaban legalizadas y en otras tres que se encuentran en trámite de alta.
Los datos compartidos por el consistorio de Manuela Carmena destacan que la Agencia de Actividades creada para la ocasión ha recibido 1.173 denuncias, de las cuales 859 se concentran en el distrito Centro, lo que representan el 73,2% de las quejas presentadas.
Además, del total de los 286 edificios inspeccionados, un 13% (38 edificios) cuentan con viviendas dedicadas a alojamientos turísticos en un porcentaje entre el 50% y el 100% del total de las viviendas de dichos edificios, “lo que repercute negativamente en la calidad de vida de los habitantes de las viviendas habituales que conviven con más de la mitad de alojamientos turísticos en sus edificios”, lamenta el ayuntamiento.
El equipo de Manuela Carmena considera que la presión del sector turístico en un área reducida de la ciudad provoca la pérdida de servicios para los residentes y deteriora la calidad de vida de los vecinos y el escenario urbano, “se dificulta el acceso a la vivienda digna”, concluye el consistorio.
