El arquitecto que reformó la sede del PP niega haber pactado con Bárcenas el pago en b de parte de la obra

Caja B

El arquitecto que reformó la sede del PP niega haber pactado con Bárcenas el pago en b de parte de la obra

Su socia destaca que tuvieron "discrepancias" con "los señores del PP" porque "se hicieron los locos" para no pagar un impuesto.

El acusado Gonzalo Urquijo, acompañado por su abogado Luis Jordana de Pozas, a su llegada al juicio por la presunta caja 'b' del PP - Autor: Jesús Hellín - Europa Press

El socio de Unifica Gonzalo Urquijo ha señalado este martes, ante el tribunal que le juzga por presuntamente haber recibido dinero en ‘b’ como pago de las obras de la sede del PP, que nunca se le ofreció la posibilidad de cobrar parte de la reforma en negro. Además, ha justificado que el baile de cifras entre presupuestos, certificados y facturas por cada una de las plantas se debe a ajustes y necesidades propias de la obra, y que el PP en ocasiones le pagaba con cheques en los que no había fondos.

Urquijo, que ha avisado desde un comienzo que no hablaría sobre asuntos prescritos –por 2006–, ha explicado que cuando les adjudican la reforma de la sede del PP, en 2005, el entonces gerente Luis Bárcenas «era alguien intocable, era como dios, nadie trataba con él y nadie tenía acceso a él». Por eso, ha insistido en que contrariamente a lo que éste declaró el lunes, «no existió» una reunión en la que acordaran que parte del pago de la obra se fuera a abonar en ‘b’.

«Esa reunión no la he tenido nunca, y no se me ha ofrecido eso», ha dicho casi al principio de su declaración, cuando ha insistido en que Bárcenas era muy poco accesible y no estuvo en todos esos años más de una o dos veces. También ha negado tener relación con el tesorero ÁLvaro Lapuerta, de quien ha dicho que se lo presentó en un descansillo el gerente Cristóbal Páez –también imputado– y sólo coincidió esa vez.

Tras un preámbulo en el que el fiscal ha realizado las preguntas de rigor sobre quienes trabajaban en la empresa, Antonio Romeral se ha zambullido en un mar de presupuestos, certificados, recibís y facturas buscando las diferencias entre presupuestos que coincidían en fecha, facturas que reflejaban una bajada con respecto a presupuestos y documentos con el estampado de anulado, todo buscando contradicciones que afloraran esos supuesto pagos en ‘b’.

Pero Urquijo una y otra vez ha vuelto a la máxima de que siempre hay mil correcciones en presupuestos, que a veces se emitían facturas que se anulaban porque no se podían cobrar, y que luego esos ‘debes’ se sumaban en facturas anteriores.

DIFICULTADES PARA EL COBRO

Además, ha querido aclarar que algunos apuntes que aparecen en los documentos que le incautaron en el registro de su empresa eran de 2013, cuando analiza los documentos de ese proyecto para cotejarlo con sus abogados ese mismo año. «Aclarar que hay tres versiones de papeles, las de ‘El País’, las manuscritas, las modificaciones de las manuscritas y las que están por ordenador», ha puntualizado sobre las anotaciones de la ‘contabilidad extracontable’ que llevaba Bárcenas y en las que aparecía su nombre junto a ciertas cantidades de dinero.

Para Urquijo, el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública, por los supuestos pagos en ‘b’. El arquitecto ha explicado que tardaba mucho en cobrar del PP, que el partido tenía fechas «muy malas» –enero, febrero y marzo– para pagar y que a veces cuando llevaba una factura por algún anticipo si no le pagaban, «pues anulaba y ya más adelante» lo incluía. «Debe tener 70 u 80 facturas y creo que la mitad se anularon», ha dicho.

Además, ha señalado que el PP era un cliente que «pedía cosas bastante extrañas» como que se firmara recibís por los cheques que le entregaban, o que modificara facturas. Y ha concretado que hasta 2010 el PP siempre le hizo los diferentes abonos por la obra con cheques, y que cada vez que le entregaban uno debía firmar un recibí –es la primera vez que me pasa en la vida»–.

En este sentido, ha recordado que en 2007, cuando realizaban las obras de la planta segunda, tuvo que reclamarle al ex gerente del PP Cristóbal Páez –también acusado– que le pagara parte de la obra porque «no era un banco» y por tanto «no iba a financiar la obra».

FACTURÓ POR TODOS LOS SERVICIOS AL PP

Urquijo ha defendido en todo momento que ha facturado todos los servicios que ha realizado su empresa al PP y que todos los descuentos, como un «4 por ciento por pronto pago», se encuentran en el contrato. Así, preguntado por el fiscal sobre una factura de 150 euros en la que se encuentra una anotación que dice «no facturar al PP», ha indicado que no cobró esta cantidad de un «arreglo» porque entendía que tras facturar una obra de más de un millón de euros eso podía «cabrear».

Asimismo, ha enfatizado que desde que se creó la empresa siempre ha habido «transparencia» y que siempre se ha «imputado un gasto cuando se tiene certificación final». «No ha habido ningún cambio de criterio desde la constitución de la compañía, se suban o se bajen los impuestos», ha dicho al mismo tiempo que ha ironizado que no tiene sentido querer dejar de pagar impuestos por «4.000 euros» teniendo en cuenta el nivel de facturación anual de Unifica.

El fiscal Romeral también ha revisado numerosos correos electrónicos del acusado y le ha preguntado por expresiones literales como «dinero tipo b» o la entrega de «sobres» a sus empleados. Urquijo ha negado que estuviera haciendo alusión a una posible contabilidad paralela de la empresa, pues, según ha señalado, era una forma «mal expresada» de hablar del «dinero de caja» o de referirse a las participaciones de Lotería de navidad que se daban a los trabajadores en unos sobres.

LA PLANTA BAJA ERA UNA «PORQUERÍA DE SITIO»

También ha declarado como acusada la socia de Urquijo en Unifica, Belén García, quien ha asegurado que no puede dar grandes detalles sobre la obra objeto de juicio porque no se dedicó a ella. Ha precisado que sólo ha estado en tres ocasiones en la sede del PP pero en ninguna ocasión en reuniones relacionadas con la reforma.

Una de esas veces fue en una visita en la que le enseñaron la «planta baja» que, según ha descrito, «estaba asqueroso, parecía una especie de imprenta con fotos tiradas por el suelo. Una porquería de sitio». Otra ocasión fue en un cóctel con todos los que «participaron en la obra», en el que sabe que estuvieron Lapuerta y Bárcenas, pero ni siquiera se encontró con ellos.

Preguntada por su reacción tras enterarse de la publicación de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ en el diario ‘El País en 2013, García –para quien Fiscalía pide la misma pena de prisión que a su socio–, ha aseverado que se quedó «ojiplática» y que mandó varios mensajes a Urquijo preguntándole que «qué puñetas» era eso.

Su socio le contestó que no tenía ni idea, ha apuntado García, si bien no pidieron explicaciones al PP porque en ese momento no tenían «ninguna gana de tratar con ellos». García ha destacado que esa escasa relación con el partido se debía a que en la «última etapa de las obras» hubo una serie de «discrepancias» porque «los señores del PP se habían hecho los locos» para no pagar un impuesto municipal, que finalmente tuvo que abonar Unifica porque así lo «obligó» el Ayuntamiento.

Aunque García ha insistido en que no conoce el pormenor del desarrollo de la reforma de la sede del PP porque ella se encargaba de otros proyectos, ha compartido con su socio la explicación ofrecida sobre que no es hasta el final de la obra cuando se sabe cual ha sido su coste real.

Los socios de Unifica también han coincidido en otros puntos: en que no había una contabilidad paralela en su empresa, sino una caja con dinero en metálico para hacer frente a varios gastos; en no aclarar al fiscal la procedencia del dinero que tenían en cuentas en el extranjero y que regularizaron en 2012; y en defender a otra de las acusadas, Laura Montero.

Sobre esto último, Urquijo y García han aseverado que Montero tan sólo se encargó de dirigir las cuestiones «puramente técnicas» de la obra y que no tenía ninguna capacidad de decisión financiera.

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