06-02-2018 Vista de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). ECONOMIA EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA ESPAÑA EUROPA EUROPA CÁCERES EXTREMADURA ESPAÑA SOCIEDAD CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN)
El cero energético del 28 de abril, que dejó sin electricidad a buena parte del país, no solo provocó un colapso momentáneo del sistema eléctrico, sino que sirvió de catalizador para reabrir el debate sobre el cierre escalonado de las centrales nucleares previsto en España. Aunque las causas del apagón aún están bajo investigación y no se descarta que tarden meses en esclarecerse, las grandes eléctricas —Iberdrola, Endesa y Naturgy— han intensificado sus demandas para reconsiderar el calendario de clausura.
El foco recae sobre Almaraz, cuyos dos reactores tienen como fecha límite noviembre de 2027 (reactor I) y octubre de 2028 (reactor II), según lo pactado en 2019 entre Enresa y las empresas propietarias agrupadas bajo Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT).
Las compañías afectadas aseguran que mantener las plantas abiertas es inviable con la actual carga impositiva, que —según denuncian— se ha incrementado un 70% entre 2019 y 2025. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha adelantado que «más pronto que tarde» harán una petición formal para alargar la vida útil de las centrales, mientras que desde Iberdrola se lamentan del riesgo de enterrar 50.000 millones de euros invertidos en infraestructura nuclear.
Las compañías consideran «insostenible» la operación de las centrales con una carga fiscal que ha crecido un 70% en seis años
Las empresas no descartan reunirse en junio para evaluar estudios de viabilidad y posibles propuestas de ampliación del calendario. Fernando Reynés, presidente de Naturgy, ha planteado comenzar por una miniprórroga técnica para Almaraz, similar a la concedida a otras centrales, como forma de abrir una negociación más amplia.
Este posible giro estratégico se produce mientras se multiplica el apoyo a la energía nuclear desde sectores empresariales, asociaciones locales y parte del arco político.
El reclamo de las compañías energéticas va más allá de una simple rebaja de impuestos. Denuncian un conjunto de gravámenes que incluyen la tasa Enresa, impuestos autonómicos, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, tributos medioambientales, y otros como el IBI o la tasa del Consejo de Seguridad Nuclear. Según un informe de PwC citado por las empresas, esta carga múltiple hace inviable la continuidad sin ajustes.
Desde Foro Nuclear, su presidente Gonzalo Araluce ha calificado de «altísima» la fiscalidad del sector, reclamando un entorno impositivo más favorable.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que no aceptará que los costes de prolongar la vida de las nucleares recaigan sobre la clase media trabajadora. Durante su intervención en el Congreso tras el apagón, apuntó directamente a las grandes empresas energéticas, acusándolas de intentar socializar los costes de una operación que, según el Ejecutivo, debe ser asumida por quienes se benefician directamente de ella.
El Ejecutivo rechaza que los consumidores paguen el coste de extender la vida útil de las centrales
Con la reunión pendiente entre las empresas propietarias y sin una propuesta formal sobre la mesa, el futuro de la central nuclear de Almaraz sigue siendo incierto. El Gobierno se mantiene firme en su negativa a beneficiar fiscalmente a las empresas a costa del consumidor, mientras las eléctricas advierten del riesgo para la seguridad energética y la viabilidad económica del sistema sin las nucleares.
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