El abogado Curro Nicolau ha ampliado este viernes su recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre las medidas a adoptar por las comunidades autónomas para frenar el contagio del coronavirus y que permitirá confinar Madrid, entre otros municipios, para solicitar la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Nicolau presentó el jueves un recurso, el primero que se conoce por este paquete anticovid, contra el acuerdo del CISNS y la resolución de la Secretaría de Estado de Sanidad que dio publicidad al mismo, si bien este viernes lo ha ampliado para incluir también la orden ministerial mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en materia de salud pública.
Como ya hiciera en su escrito anterior, ha reclamado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que dicte una medida cautelarísima para que se suspenda la vigencia de la orden ministerial o que «subsidiariamente se otorgue medida positiva consistente en el reconocimiento como situación jurídica individualizada su derecho a circular libremente por todo el territorio nacional, y en concreto la ciudad de Madrid, y a reunirse con el número de amigos y familiares que considere sin limitación».
Además, el letrado madrileño ha aprovechado este segundo documento, al que ha tenido acceso Europa Press, para plantear ya la práctica de pruebas, pidiendo específicamente que se cite a declarar a Illa «por ser la persona que ha dictado la orden recurrida».
Nicolau considera que el acuerdo del CISNS lesiona los derechos a la libre circulación y a la reunión porque restringen la entrada y salida de los municipios que cumplan los criterios pactados, salvo para desplazamientos considerados esenciales como ir al trabajo o a clase, y limitan a un máximo de seis personas las reuniones familiares y sociales, ya sean en espacios públicos o privados, excepto cuando se trate de actividades laborales e institucionales.
Argumenta que, conforme a la Constitución, la suspensión o limitación de derechos fundamentales solo puede hacerse mediante la declaración de un estado de excepción o de sitio, no a través de «un mero acuerdo de una conferencia sectorial, como es el CISNS».
En la misma línea, esgrime que la Constitución establece «una clara reserva de ley orgánica para regular el ejercicio de derechos fundamentales» y que «no existe ninguna norma habilitante que faculte al CISNS y al Ministerio de Sanidad para la regulación y la restricción del ejercicio de derechos fundamentales».
Por otro lado, aduce que el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento del CISNS establece que los acuerdos deben alcanzarse por «consenso», algo que dice que no se produjo por la oposición de varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid, y que en todo caso serán «recomendaciones», por lo que interpreta que no son de obligado cumplimiento.
«UN CASTIGO PROPIO DEL CÓDIGO PENAL»
Nicolau, que ya ha presentado numerosos recursos contra órdenes de Sanidad y otras resoluciones del Consejo de Ministros ante el Tribunal Supremo, asegura que concurren las circunstancias de especial urgencia exigidas por la ley para adoptar una medida cautelarísima.
A este respecto, afirma que el perjuicio causado con cada día que pasa «es irreparable, ya que supone una privación total de la libertad, un castigo propio del Código Penal, suponiendo un daño irreversible, pues ya nunca podrá repararse los días que no ha podido disfrutar de su vida y libertad personal».
Apunta asimismo que la adopción de una medida cautelar reconociendo su derecho a circular libremente por todo el territorio nacional y a reunirse con otra gente respetando las medidas de distanciamiento social y protección «no puede generar una perturbación grave de los intereses generales, ya que entra dentro de las previsiones constitucionales».
Y, en todo caso, avanza que durante el periodo probatorio solicitará una prueba analítica para demostrar que no tiene coronavirus, con lo que «adoptando medidas de distanciamiento con otras personas y usando medios de precaución» puede ejercitar sus derechos sin perjuicio para el interés publico ni a terceros.
«Por ello, rogamos a la Audiencia Nacional un pronunciamiento de gran trascendencia para la protección de los derechos fundamentales», concluye, indicando que servirá «para que cualquier gobernante –sea del partido que sea– sepa dónde se encuentran los límites de las facultades constitucionales que ampara el Estado de alarma».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en un principio se mostró contraria a acatar dicho acuerdo pero finalmente ha accedido a cumplirlo, también anunció el jueves que su Gobierno acudirá a los tribunales para impugnarlo.
