Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Cerdán ha confiado en Salellas para su defensa, una vez que el ex secretario de Organización del PSOE ya está personado en la causa y ha renunciado a su condición de diputado y, por tanto, al aforamiento que le habría permitido retrasar los plazos de una investigación en su contra.
El abogado catalán (Girona, 1977) ejerce como letrado desde 2003 y ha intervenido en procesos como defensor o acusador no solo en tribunales ordinarios, sino también en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde ha participado en causas de relevancia mediática vinculadas, sobre todo, al independentismo catalán.
Durante el juicio que se celebró en el Supremo al proceso independentista, Salellas fue uno de los abogados que representó al expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y mantuvo algún enfrentamiento con el tribunal a lo largo de las sesiones.
Mientras que en la Audiencia Nacional, donde se ha especializado en defensa de acusados por yihadismo, Salellas llevó la defensa de varios investigados en la causa sobre el movimiento ‘Tsunami Democràtic’, al que se atribuía presunto terrorismo por una serie de protestas violentas en Cataluña tras la sentencia del ‘procés’.
Salellas, que experimentó la primera línea política como diputado de la CUP en el Parlament entre 2015 y 2017, también ha participado en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa “litigando contra la administración pública por el respeto de los derechos fundamentales y por el reconocimiento del derecho de ser reparado en aquellas situaciones en las que estos derechos han sido vulnerados”, según se indica en la página web de su despacho, recoge la citada agencia.
Una de sus primeras tareas al frente de la defensa de Cerdán será el próximo 25 de junio, cuando el ex ‘número tres’ del PSOE está citado a declarar voluntariamente en el Supremo por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
Cerdán, según los investigadores de la Guardia Civil, está en el origen de la supuesta trama y se quedó como el encargado de “gestionar pagos” al exasesor Koldo García y el exministro José Luis Ábalos.
En un primer momento, tras hacerse público el informe de la UCO, la defensa de Cerdán estuvo en manos del abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, próximo al PSOE –lleva su acusación en el ‘caso hidrocarburos’– y que trasladó que lo representaría hasta que consiguiera otro abogado.
