En plena celebración de la Cumbre sobre Cambio Climático en Bonn, una nueva encuesta internacional ha dejado clara la posición de la ciudadanía española: quieren que las grandes contaminadoras paguen. El estudio, impulsado por Greenpeace y Oxfam Internacional, sitúa a España como el país con mayor respaldo al establecimiento de impuestos específicos para las empresas de combustibles fósiles, por encima del promedio europeo y mundial. Los ingresos, reclaman los encuestados, deben destinarse a las comunidades más afectadas por los desastres climáticos.
España se sitúa como el país con mayor respaldo a que los grandes contaminadores financien las reparaciones climáticas
El 89% de los españoles respalda que se impongan nuevos impuestos a las empresas de petróleo, gas y carbón para que asuman los costes provocados por desastres naturales agravados por el cambio climático. Esta cifra supera ampliamente la media global del 81% y el 77% del respaldo europeo.
Además, el 88% cree que el dinero recaudado debe destinarse a compensar a las comunidades más golpeadas por estos impactos, como los incendios forestales, sequías, tormentas o inundaciones.
La encuesta, realizada entre el 9 y el 28 de mayo de 2025 en 13 países de cinco continentes, ha incluido entrevistas a 1.200 personas por país. Entre los países participantes figuran México, Brasil, India, Sudáfrica, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros.
La ciudadanía exige justicia climática: que quienes más contaminan sean los que paguen
Más allá del apoyo a los nuevos impuestos, la ciudadanía española también muestra preocupación por la influencia política de las grandes empresas contaminantes. El 67% cree que estas corporaciones y las grandes fortunas tienen un impacto negativo en la política nacional, en línea con el promedio global (68%).
Asimismo, un 72% considera que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para limitar el poder de las compañías fósiles, y el 81% opina que se debería invertir más en apoyar a las comunidades más vulnerables al cambio climático.
Junto a la presentación del informe, Greenpeace y Oxfam han lanzado el ‘Polluters Pay Pact’, una alianza global que reclama que las grandes empresas fósiles paguen por los daños climáticos causados, en lugar de trasladar esos costes a la ciudadanía.
Este pacto cuenta con el respaldo de colectivos directamente afectados por los desastres, como bomberos, sindicatos, alcaldes y trabajadores de emergencia de países de todos los continentes, incluidos EEUU, India, Nigeria, Brasil, Filipinas o Australia.
También lo apoyan más de 60 organizaciones no gubernamentales internacionales, entre ellas 350.org, Avaaz, Greenpeace, Islamic Relief UK o la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.
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