La creación de una nueva empresa pública de vivienda por parte del Gobierno central responde al objetivo de aumentar la oferta de vivienda asequible y fortalecer la intervención estatal en el mercado inmobiliario. La entidad, que estará bajo el paraguas del Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo), se nutrirá de inmuebles transferidos desde diferentes sociedades estatales para impulsar su promoción, construcción y comercialización.
Actualmente, España cuenta con menos del 3,5% de vivienda social, una cifra muy inferior a la media europea. Según María Matos, portavoz de Fotocasa, esta carencia es una de las principales causas de la escalada de precios en el mercado y una mayor inversión en vivienda pública ayudaría a equilibrar el sistema. Sin embargo, Matos también alerta sobre la necesidad de garantizar la viabilidad financiera del proyecto, dado el alto coste que implicaría mantener una empresa de estas características.
Solo un 12% de los españoles asegura tener información detallada sobre el proyecto, frente a un 62% que lo desconoce por completo
Desconocimiento generalizado entre la ciudadanía
Pese a la relevancia de la medida, los datos de Fotocasa revelan un bajo nivel de conocimiento entre la población. Apenas un 38% ha oído hablar del proyecto: un 12% afirma conocerlo bien y un 26% tiene referencias vagas. En contraste, un 62% de los encuestados declara no tener ningún conocimiento al respecto.
El nivel de información aumenta con la edad y la implicación en el mercado inmobiliario. Los propietarios que alquilan (58%) están más informados que los inquilinos (41%), mientras que compradores (45%) y vendedores (46%) muestran cifras intermedias. Por edades, el grupo de 55 a 75 años es el más consciente del proyecto (44%), frente al 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años.
Opiniones divididas sobre el impacto en el mercado del alquiler
Uno de los objetivos principales de la nueva empresa pública es mejorar el acceso al alquiler, y un 36% de los ciudadanos cree que lo logrará. Sin embargo, un 26% opina lo contrario y un 38% se mantiene neutral.
En cuanto a los efectos sobre los arrendadores, un 31% teme que les dificultará alquilar, frente a un 25% que cree que les favorecerá. Aquí también predominan las opiniones neutras (44%).
La mayoría de los ciudadanos considera que la medida no tendrá un impacto claro o directo sobre los arrendamientos privados
¿Cómo influirá en la compraventa?
Los resultados también muestran incertidumbre respecto al impacto en la compraventa de inmuebles. Un 30% teme que dificultará vender, frente a un 21% que ve facilidades. El 49% no espera cambios relevantes.
En lo que respecta a la compra de viviendas, un 33% opina que la nueva empresa pública facilitará adquirir una propiedad, mientras que el 27% considera que será más difícil. El 40% no cree que haya grandes variaciones.
Diferencias territoriales: más confianza en Cataluña
A nivel autonómico, Madrid es la comunidad donde más personas (48%) conocen el proyecto, seguida por la Comunidad Valenciana (38%), Andalucía (35%) y Cataluña (33%). Pese a ello, los catalanes son quienes muestran más confianza en que la medida mejorará el acceso al alquiler (36%).
Por el contrario, en regiones como Andalucía o Comunidad Valenciana predominan quienes temen que dificultará alquilar como propietarios. Cataluña destaca como la única autonomía donde hay más optimistas que pesimistas respecto a este aspecto.
En cuanto a la venta de inmuebles, la mayoría de los encuestados en todas las comunidades cree que será más difícil, con altos niveles de neutralidad. No obstante, en lo relativo a comprar vivienda, el optimismo es mayoritario en todas las regiones.
