«La pandemia de COVID-19 supone una amenaza histórica para la salud pública del país», ha explicado la directora de los CDC, Rochelle Walensky. «Conseguir que la gente se quede en sus casas y no vaya a lugares comunes como refugios para personas sin hogar evitando los desahucios es fundamental para frenar el contagio de la COVID-19», ha argumentado.
La prórroga ha sido aprobada apenas dos días antes de que expirase la moratoria anterior. Se estima que unos ocho millones de hogares acumulan atrasos en el pago de la renta, según la Oficina del Censo, y se teme que de no ser por esta moratoria se produciría un tsunami de desahucios.
«Es esencial para ayudar a millones de familias», ha destacado la presidenta de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, Diane Yentel, según recoge la emisora pública estadounidense NPR.
Sin embargo, las asociaciones de arrendadores han expresado su rechazo a la ampliación. «Es una medida popular políticamente y bienintencionada, pero empuja a los arrendadores y sus suministradores al borde de la ruina económica», ha indicado el presidente de la Asociación Nacional de Apartamentos, Bob Pinnegar.
Los arrendadores pueden solicitar ayudas federales que suman 50.000 millones de dólares, pero los abogados de los inquilinos advierten de que en los procesos judiciales los propietarios suelen buscar lagunas legales para consumar los desahucios a pesar de la protección recurriendo a argumentos tales como el fin del contrato.