Las autoridades estadounidenses comienzan a ejercer presión a Bruselas para intentar impedir la puesta en marcha de un impuesto europeo a los gigantes tecnológicos como Apple, Google o Amazon, similar al que ha incluido el Gobierno de Pedro Sánchez en sus Presupuestos para 2019. En una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, senadores del país norteamericano califican la medida como “discriminatoria” e instan a las instituciones comunitarias a tumbarla.
“La propuesta de la UE de una tasa a los servicios digitales ha sido diseñada para discriminar a las compañías norteamericanas y socavar el sistema del tratado fiscal internacional, creando una barrera transatlántica significativa”, señala la misiva firmada por el presidente de la Comisión Financiera del Senado de EEUU, Orrin Hatch (republicano), y el senador demócrata Ron Wyden.
En este sentido, aseguran que el impuesto viola el principio de que “los impuestos a las multinacionales deben basarse en los beneficios, no en los ingresos” y conllevaría una “doble imposición”, pues las empresas ya están gravadas con el IVA.
El tributo que estudia la UE tendría un tipo del 3% y gravaría los ingresos generados por la venta de espacios publicitarios ‘online’, los facturados a partir de las actividades de intermediarios digitales que permitan a los usuarios interactuar con otros usuarios y que puedan facilitar la venta de bienes y servicios entre ellos (es decir, las actividades de la llamada ‘economía colaborativa’) y los ingresos generados a partir de la venta de datos obtenidos de información aportada por el usuario. Google, Amazon o Facebook serían las compañías más afectadas por el impuesto, que se aplicaría solamente a las empresas con un total anual de ingresos de 750 millones de euros a nivel mundial y de 50 millones de euros en la UE.
Los ingresos fiscales serían recaudados por los Estados miembros en los que se encontrasen los usuarios, es decir, donde las compañías realizan las ventas, y no únicamente donde está ubicada su sede. Bruselas espera que los estados miembros generen con el tributo unos ingresos de 5.000 millones de euros anuales.
En la carta, Hatch y Wyden instan a la UE a “abandonar esta propuesta” y a “retrasar la acción unilateral” para concentrarse “en alcanzar un consenso con otras economías líderes dentro de la OCDE sobre cualquier nuevo modelo de impuestos digitales”. “Confiamos en que este enfoque evitará que este problema complique otras áreas de cooperación transatlántica en un momento tan crucial”, llega a ‘amenazar’ la misiva.
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