Ilustración de una aula
La administración de Donald Trump ha intensificado su presión sobre el sistema universitario estadounidense con una controvertida decisión que podría tener repercusiones internacionales: prohibir a Harvard recibir alumnos extranjeros y advertir que otras universidades podrían sufrir sanciones similares. La medida ha generado una nueva ola de tensiones entre el Gobierno y el sector académico, y refuerza el enfoque de línea dura del Ejecutivo frente a las universidades que considera no alineadas con su política.
“Estamos considerando tomar acciones similares a las de Harvard contra otras universidades. Esto debería ser una advertencia”, declaró Noem en Fox News
La revocación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) a Harvard, anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, implica que la universidad no podrá aceptar estudiantes extranjeros durante el curso académico 2025-2026. Además, todos los alumnos internacionales actuales bajo este programa deberán ser transferidos a otras instituciones educativas.
La medida llega después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusara a Harvard de no colaborar en la entrega de información sobre estudiantes internacionales vinculados a presuntas actividades ilegales o peligrosas.
Noem acusó a Harvard de haber contribuido a un clima hostil contra estudiantes judíos, promover afinidades con el grupo palestino Hamás, y aplicar políticas “racistas” en nombre de la diversidad, la equidad y la inclusión.
“Estas acciones del Ejecutivo amenazan nuestra libertad académica y la continuidad de investigaciones vitales para el país”, señalaron desde la universidad
Estas acusaciones se producen en medio de una creciente presión de la Casa Blanca sobre las universidades para que protejan a los estudiantes judíos, en un contexto marcado por protestas antiisraelíes en los campus desde el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamás.
En abril, el Departamento de Educación suspendió transferencias a Harvard por 2.200 millones de dólares, al considerar que la universidad se oponía a reformas clave del Ejecutivo.
Semanas después, el presidente Trump anunció su intención de retirar exenciones fiscales a la institución, mientras que Harvard respondió con una demanda judicial para frenar las medidas, argumentando que “ponen en riesgo la independencia académica”.
Harvard niega las acusaciones de antisemitismo y sostiene que las medidas del Gobierno constituyen un “castigo político” por defender sus derechos constitucionales. Además, advierte que se está socavando la investigación académica de vanguardia que se desarrolla en su campus.
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