“Estamos intentando una negociación con las entidades financieras para ver si es posible llegar un mutuo acuerdo que facilite las cosas”, afirma Fomento. El Estado se quedará con las autopistas de peaje en quiebra ante el “proceso enormemente comprometido” en el que se encuentran estas radiales, algunas de ellas en concurso de acreedores, ya en fase de liquidación. “El escenario que se nos plantea es llegar a una reversión al Estado”, ha afirmado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Las infraestructuras soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros, aunque la factura final podría ascender a 5.500 millones.
“Vamos a intentar y estamos intentando una negociación con las entidades financieras para ver si es posible llegar un mutuo acuerdo que facilite las cosas, pero esto es complicado”, ha admitido De la Serna en una entrevista en Los Desayunos de TVE. Según el titular de Fomento, “es muy difícil porque además estas entidades ya han soltado sus participaciones y ya no quedan tantas entidades como hace dos años”.
El ministro ha detallado que el origen de la situación de las radiales en “un incremento del coste de las expropiaciones”, así como “un tráfico que se aleja de lo esperado, no llega a la mitad”. A esto hay que sumar que la propia red de carreteras provoca que las nuevas autopistas que se incorporan tengan “rentabilidades menores”.
“Lo primero que vamos a hacer es garantizar que los usuarios van a poder utilizar las autopistas permanentemente, es decir que no haya un vacío, y vamos a intentar llegar a un acuerdo. Estas autopistas revertirán al Estado y el Estado las tendrá que gestionar y decidir qué tipo de gestión les da”, ha señalado De la Serna.
El ministro pretende retomar el plan de rescate que el anterior equipo de Fomento, bajo el mando de Ana Pastor, planteó en marzo de 2014 y entonces no fructificó. La propuesta pasa por que el Estado, a través del Ministerio, asuma las autopistas, tras aplicar una quita del 50% a su deuda y titulizar el resto del pasivo en un bono a treinta años.
Así, el nuevo titular de Fomento reconoce que su Departamento tendrá que quedarse con las autopistas. De hecho, en el caso de dos de las vías radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, el Ministerio deberá asumirlas antes de julio de 2017, según el acuerdo que alcanzó con el juez que el pasado mes de mayo dictó liquidación “sin efectos suspensivos” de las autopistas.
Las autopistas soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros, aunque, de acuerdo con los cálculos de Seopan -patronal de grandes constructoras-, la factura final para los contribuyentes podría ascender a 5.500 millones de euros.
El importe corresponde a la responsabilidad patrimonial administrativa (RPA) que el Estado tiene que afrontar en el supuesto de quiebra de una infraestructura, y supone abonar a las empresas que las construyeron y actualmente las explotan el importe de la inversión que aún no han recuperado.
