El Consejo de Ministros pretende compensar económicamente tanto a las comunidades autónomas, como a ayuntamientos y titulares del suelo en los que se realicen explotaciones. El Gobierno incentivará la exploración de petróleo y gas en España en medio de la polémica por las prospecciones de Repsol y el ‘fracking’, una técnica para obtener hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy al anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Hidrocarburos, que introduce un nuevo impuesto a la producción y explotación de petróleo y gas.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló que este tributo permitirá que una parte de los recursos «revierta en las comunidades autónomas o entidades locales donde tengan lugar, y si es en el mar a la comunidad autónoma más próxima al lugar de las extracciones».
Además, subrayó que con el nuevo marco legal se actualiza también el canon que ya pagan las empresas para abordar las exploraciones, incrementándose. En el caso de los propietarios de los subsuelos donde se produzca la explotación de hidrocarburos, se les reconoce un retorno del 1% del valor de la producción anual mientras dure el periodo de concesión.
El titular de la cartera de Industria ha explicado que dicha reforma de la Ley de Hidrocarburos actualiza a la vigente desde 1998. Ambas comparten objetivo común, «crear un mercado organizado del gas en España e introducir medidas para fomentar la competencia y combatir el fraude», según Soria.
Con esta medida, el Ejecutivo buscaría reducir el rechazo a las exploraciones de hidrocarburos. Algunas autonomías han legislado en contra de la fractura hidráulica para obtener gas. Andalucía ha aprobado en el Parlamento aplicar una moratoria de dos años contra el ‘fracking’. En Cantabria, Navarra y La Rioja han prohibido totalmente esta práctica. Y cerca de 400 ayuntamientos han sacado adelante mociones de rechazo a esta técnica, según los datos que maneja Ecologistas en Acción.
El Gobierno ha encontrado el respaldo de los tribunales. En el caso de las prospecciones, tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias han avalado los permisos que desde el Estado se han concedido a Repsol para las prospecciones. Y el Constitucional ha anulado o suspendido cautelarmente las leyes autonómicas anti fracturación hidráulica”, ha publicado El País.
