La ONG denuncia “el elevado coste del proyecto y las cláusulas abusivas para garantizar la rentabilidad de la empresa privada a costa de fondos públicos”. Ecologistas en Acción afirma que la “peligrosidad del Proyecto Castor ha quedado demostrada con el informe del Instituto Geográfico Nacional, que ve relación directa entre los centenares de seísmos registrados el pasado verano y la plataforma de inyección de gas” por lo que considera que “es el momento de ordenar la paralización definitiva de un proyecto que nunca se debió aprobar”. Y advierte que “los intereses económicos no justifican la temeridad con la que se ha actuado, ni pueden servir como argumento de futuros proyectos”.
Un día después de que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) haya concluido que existe una “relación directa” entre los más de 400 seísmos que se produjeron en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castelló y la inyección de gas en el almacén Castor y revela, además, la existencia de una falla en la zona hasta ahora no identificada, Ecologistas recuerda que “ya había denunciado las irregularidades del proyecto y su riesgo en unas alegaciones presentadas en 2008 y exigió transparencia el pasado verano al inicio de los temblores”.
Subraya esta ONG ambientalista que los datos del informe constatan lo que Ecologistas en Acción denunció en su momento: “Se actuó a ciegas en el subsuelo, sin tener en cuenta la amenaza potencial.
Ya en el año 2008 la organización presentó alegaciones para exigir que no se llevara a cabo el Proyecto Castor. Argumentó que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minimizaba los riesgos derivados del mismo, que no se garantizó la participación ciudadana en el periodo de exposición del proyecto y que se registraba una carencia de seguridad en su ejecución.
Y hace notar que desde septiembre de 2013 los grupos locales de Ecologistas en Acción participaron activamente en las movilizaciones sociales frente al Proyecto y en octubre la organización envió una carta a los Ministerios de Industria y Medio Ambiente en la que reclamaba información y transparencia sobre el mismo. En todo momento Ecologistas en Acción reclamó la paralización, que ahora debe ser definitiva.
Por otro lado, la organización ecologista recuerda que “también denunció el elevado coste del proyecto —cuantificado en 1.634 millones de euros—, apuntalado con cláusulas abusivas para garantizar la rentabilidad de la empresa privada a costa de fondos públicos, aún en casos de mala praxis por parte de la empresa”.
