En su primer año en funcionamiento solo se han adjudicado 780 viviendas. El Ejecutivo extenderá el ámbito de aplicación del convenio por el que se rige el fondo El Gobierno adjudicó el año pasado 780 viviendas del Fondo Social de Viviendas (FSV) a personas que, como consecuencia de un desahucio o una dación en pago, perdieron su vivienda después del 1 de enero de 2008. El FSV se creó en enero de 2013 y cuenta con 6.000 viviendas de 33 entidades financieras, con lo que las viviendas adjudicadas representan solo 13% del total por el estrecho filtro que hay que pasar para hacerse con uno de estos pisos. Según los datos del Ministerio de Economía, en su primer año de aplicación, se han recibido 1.537 solicitudes.
Hace apenas unas semanas el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, admitió que el Gobierno no estaba satisfecho con el número de viviendas alquiladas del Fondo Social de Viviendas.
En este sentido, el Ejecutivo prevé extender el ámbito de aplicación del convenio por el que se rige el fondo. Desde ahora, las personas prejubiladas o jubiladas que hayan avalado las deudas de sus hijos o nietos podrán solicitar una casa al FSV, que ha ampliado así su ámbito de aplicación para acoger más supuestos de vulnerabilidad social.
La renta para estos casos oscilaría entre 150 y 400 euros al mes o por debajo en circunstancias especiales. El Ministerio de Economía también señala que, a partir de ahora, se tendrá en cuenta a las unidades familiares con hijos menores de edad, y no sólo los de menos de tres años.
También a las personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los Servicios Sociales competentes, «un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía». El requisito hasta ahora era una discapacidad del 33 % o superior.
Asimismo podrán solicitar una vivienda del fondo otras personas o unidades familiares con distintas circunstancias de vulnerabilidad social, previo informe de los Servicios Sociales, lo que, según el Ministerio, amplía el acceso a muchas situaciones de riesgo social no tipificadas.
Además se mantienen los requisitos anteriores como son la situación de desempleo y sin prestaciones, familias monoparentales, familias numerosas o violencia de género.
