Los últimos contratos anunciados por el Gobierno para Navantia no calman los ánimos de sus trabajadores. Los sindicatos acusan al Ejecutivo de usarlos como señuelo electoral. Navantia sigue en pie de guerra. Los últimos contratos que el Gobierno ha anunciado para la naval pública no han calmado los ánimos en sus factorías. Más bien lo contrario. Los trabajadores acusan al Ejecutivo de anunciar proyectos aún sin firmar y de engordar su supuesto impacto sobre la compañía “en el momento electoral más adecuado”.
Este mismo jueves, más de 2.000 trabajadores de Navantia Ferrol y Fene se han manifiestado frente a las factorías norteñas del grupo para reclamar que se concreten los plazos para la construcción de los buques de acción marítima (BAM) que ayer aireó la directiva de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sin ningún representante de la naval. Además, ante la delegación de Hacienda han soldado el prototipo de un buque de mayores dimensiones que los anunciados y que, según representantes sindicales, otorgarían una mejor “perspectiva de futuro para los astilleros”.
Es así que el comité de Navantia Ferrol considera que lejos del trabajo para 500 trabajadores por 30 meses que ayer anunciaba la SEPI, el nuevo buque de la Armada no movilizará a más de 260 trabajadores durante ese tiempo. Para este cálculo los representantes de los trabajadores tienen en cuenta que la carga de trabajo será de 1,1 millones de horas. Ignacio Naveiras, del comité de empresa, ha sentenciado que el contrato anunciado “no es la solución al naval gallego” y que “se está duplicando la carga de trabajo que generaría” realmente.
Naveiras ha criticado que el anuncio de los contratos con la Armada, sin firma alguna de por medio, “pone de manifiesto que el PP prioriza intereses partidistas antes de pensar en los ciudadanos” y que todo no es más que un “artificio electoral”. Así ha apuntado hacia las palabras que ayer mismo lanzaba el consejero regional de Industria, Francisco Conde, que se encargó de subrayar en su discurso la implicación “sin precedentes” del Gobierno con el naval ferrolano a la par que recordaba que en los últimos meses han llegado contratos por “más de 400 millones de euros” a los astilleros.
Desde las factorías del sur, el mensaje de los trabajadores de Navantia casa a la perfección con el de sus compañeros gallegos. Juan Carlos Álvarez, secretario de Política Industrial de CCOO, reclama que esta “positiva” lluvia de contratos “no resuelven el problema de Navantia” que requiere de “una movilización sostenida” que pase por el desarrollo de I+D. Por su parte, José Ignacio San Miguel, responsable federal de construcción naval de UGT, ha explicado en Canal Sur que si bien el nuevo proyecto es “una noticia extraordinaria” ha criticado que “hasta ahora sólo hemos tenido promesas y proyectos”.
El sindicalista San Miguel ha ido más allá y ha llegado a afirmar al ente regional que el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, “nos tiene acostumbrados a hacer en campaña electoral afirmaciones que luego tardan mucho en concretarse, y el problema lo tenemos hoy”. Los trabajadores exigen contratos firmados con garantías de futuro y que se respeten los compromisos ya adquiridos hasta la fecha como el de construcción el quinto buque gasero para Gas Natural y el levantamiento del veto a la construcción civil.
Sobre este último punto, Aguirre ha vuelto a saltar hoy a escena para anunciar una “gran reunión” el próximo 2 de junio en la Bahía de Cádiz para concretar los detalles del buque gasero. En ella, además de representantes de la SEPI y Navantia -que de nuevo volvían a estar ausentes en el escenario del anuncio-, acudirán emisarios de Gas Natural y Knutsen. En esta ocasión, sin embargo, el máximo responsable de la compañía de inversiones públicas ha puesto fecha para el proyecto y ha adelantado que la construcción del nuevo buque arrancará en enero de 2015 y que será “mucho mejor” que los que ya se están construyendo para la compañía energética en astilleros de Corea del Sur.
