No poner una vivienda protegida a disposición de los registros municipales de demandantes supone una infracción muy grave de la norma, con sanciones de hasta 120.000 euros. La Junta de Andalucía ha abierto un expediente a ocho bancos, entre los que estarían las principales entidades españolas, por no presentar a la Consejería de Fomento y Vivienda un inventario de las viviendas protegidas que tienen en la región. El Gobierno de Susana Díaz ya decidió sancionar a la Sareb por un motivo similar.
Según publica la Cadena Ser en su página web, una veintena de entidades comunicaron este inventario de viviendas protegidas a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de Elena Cortés (de IU), pero este departamento habría acreditado que al menos ocho bancos poseerían viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes.
Ello supone un incumplimiento de la Ley de Vivienda Protegida, tal y como quedó redactada tras la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, más conocida como ‘ley antidesahucios’ de Andalucía.
Los registros municipales establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia. Es decir, para que accedan a las mismas quienes las necesitan. No poner una vivienda protegida, construida con dinero público, a disposición de los registros municipales de demandantes supone una infracción muy grave de esta norma y conlleva sanciones económicas de entre 30.001 y 120.000 euros.
El Gobierno de Mariano Rajoy decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley antidesahucios andaluza, pero no fue impugnada en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social.
Sin embargo, los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas siguen plenamente vigentes, según avisó la propia Junta de Andalucía cuando decidió sancionar a la Sareb.
