El juez absuelve al afectado por las preferentes denunciado por Liberbank

Liberbank pedía que se le condenara por una falta de coacciones y otra de injurias, por las que reclamaba 200 euros de multa. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Torrelavega ha absuelto al integrante de la Plataforma de Afectados por las Preferentes en Cantabria que, ejerciendo de «carbonero real» y con motivo de la festividad de los Reyes Magos, arrojó el pasado 2 de enero carbón en varias oficinas de Liberbank durante una concentración de afectados.

Según recoge El Diario Montañés, Liberbank pedía que se le condenara por una falta de coacciones y otra de injurias, por las que reclamaba 200 euros de multa, 100 por cada falta, por “arrojar carbón” en oficinas, así como “el despliegue de carteles con contenido difamatorio”.

El juicio por estos hechos se celebró el pasado 13 de marzo en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 2 de Torrelavega, que dictó sentencia el mismo día, y en ella, el magistrado de este órgano considera que no concurren en la actitud del acusado los “elementos” o “requisitos” que caracterizan a esas infracciones penales.

En la sentencia, el magistrado señala que “no queda constancia alguna” de que, con su vestimenta y con el acto de arrojar carbón al suelo, el acusado tuviera una conducta de “atentado, ni siquiera de naturaleza leve, contra la libertad, intimidad y seguridad de nadie”, que es lo que, según apunta, caracteriza a una infracción penal de coacciones.

Según señala, la finalidad de la concentración “no era quebrantar por la fuerza” la voluntad de los directivos y empleados de las sucursales para que le devolvieran el dinero de las preferentes, algo que ya están exigiendo por reclamación judicial, sino expresar en la vía pública, y también en el interior de las sedes de la entidad “que le ha ocasionado el denunciado perjuicio”, sus ideas sobre su problema.

Además, el magistrado considera un “hecho notorio que no precisa de probanza” que Liberbank ha desarrollado en Cantabria una política financiera de captación de recursos de pequeños inversores “manifiestamente perniciosa para los intereses de un importante grupo de personas, que invocan engaño, información deficiente, nula información o inadecuada e, incluso, intencionadamente inadecuada selección del cliente” para comercializar sus preferentes o subordinadas. Esta sentencia no es firme y con ella cabe interporner recurso de apelación.

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