El juez apercibe a Bankia, a Caja Madrid Financial Preferred y a Caja Insular de Canarias para que “en el término de dos audiencias aporte a las actuaciones la documentación requerida mediante oficio de 10 de junio de 2013”. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha concedido a Bankia dos días de plazo para que aporte numerosa documentación solicitada a la entidad el pasado 10 de junio y que todavía no le ha sido remitida, según recoge la agencia Europa Press.
En concreto, en una providencia fechada el pasado miércoles, juez apercibe a Bankia, a Caja Madrid Financial Preferred y a Caja Insular de Canarias para que “en el término de dos audiencias aporte a las actuaciones la documentación requerida mediante oficio de 10 de junio de 2013”.
El citado oficio instaba a Bankia y BFA a remitir al Juzgado una copia de las actas del Consejo de Administración desde el 3 de diciembre de 2010 hasta la actualidad “en las que se debatiera o discutiera cualquier aspecto relacionado con las emisiones de preferentes, inclusive su recompra u ofertas de canje”.
El juez Andreu pedía copia del informe sobre el perfil de los tenedores minoristas de preferentes al que se aludía en el informe a la Comisión Ejecutiva del Banco de España de cinco de marzo de 2012, sobre la solicitud de autorización para la recompra por parte de BFA de preferentes y subordinadas. También se solicitaba un documento interno sobre la autorización para la recompra por parte de BFA de estos productos y la valoración realizada por expertos independientes de las emisiones objeto de recompra.
Andreu reclamaba, además, las valoraciones de los expertos independientes Analistas Financieros Internacionales (AFI) y Solventis sobre esas emisiones y otras internas o externas realizadas sobre las preferentes y otros productos híbridos.
El oficio incluía solicitud de los contratos de liquidez suscritos con las siete cajas que dieron lugar al grupo en el marco de las diversas emisiones de preferentes, “indicando las vicisitudes” de los mismos, como el volumen de provisión de “liquidez efectivamente facilitada, duración de la relación contractual, novaciones y causas de extinción o resolución”.
Por su parte, según recuerda Europa Press, solicitaba a Caja Madrid Financial Preferred copia de las actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas del emisor de preferentes Serie I, de octubre de 2004, y Serie II, de abril de 2009, así como el tríptico informativo a los inversores de esas dos emisiones. Además, vuelve a requerir el contrato de liquidez con la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona correspondiente a una de las emisiones.
También las comunicaciones individuales a los inversores de preferentes de la Serie II en las que se les informaba de modificaciones de valoración del rating de Caja Madrid por la agencia de calificación Moody’s y el ejercicio del derecho de revocación de la suscripción o, “en su caso, remisión de la nota de prensa de 15 de junio de 2009 sobre esos cambios y la relación de medios en que fue publicada”.
Se reclamaba a Caja Insular de Canarias copia de las actas de las reuniones del Consejo en las que se debatiera sobre preferentes, los informes económicos o financieros sobre la emisión y comercialización, incluyendo las valoraciones realizadas por expertos independientes, consultoras o asesoras, y los contratos de liquidez suscritos con las distintas entidades en el marco de las emisiones.
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