El juez Gómez Bermúdez exige a Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés una fianza conjunta de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha decretado la apertura de juicio oral para el exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y el expresidente de la Comisión de Control de la caja Juan Ramón Avilés, a los que ha concedido un plazo de 24 horas para depositar una fianza por responsabilidad civil de 1,9 y 6,6 millones de euros respectivamente.
Según publica la agencia Europa Press, que cita el auto del magistrado, Gómez Bermúdez acusa a ambos exdirectivos de apropiación indebida, administración desleal y delito societario y añade, en el caso de Avilés, un cuarto delito, de otorgamiento de contrato simulado.
Los dos están acusados de fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de préstamos irregulares.
López Abad se enfrenta a penas de entre cuatro y 14 años de prisión mientras que Avilés podría ser condenado a entre dos años y medio y 16 años y medio de cárcel, de acuerdo con los escritos de acusación provisionales presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la propia CAM a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancario (FROB).
El magistrado designa además, como partícipes a título lucrativo a 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones, participada por la CAM, a los que acusa de haber cobrado dietas de entre 9.000 y 308.000 euros. También considera partícipes a título lucrativo a la mujer, el hermano y dos hijos de Avilés, recoge Europa Press.
Esta es la primera de las tres causas que ahora hay abiertas en la Audiencia Nacional y cuya instrucción está más avanzada. En las otras dos se investigan algunos negocios dudosos, entre ellos en México. De hecho, tanto López Abad como el exdirector de Empresas de la CAM, Daniel Gil, ya han visitado la cárcel -que abandonaron tras abonar sus respectivas fianzas de 1,5 millones y 400.000 euros- por defraudar presuntamente 31 millones de euros a través de un entramado de empresas hoteleras. En total, hasta 30 exconsejeros de la entidad alicantina están siendo investigados en estas diferentes piezas.
