FACUA denuncia que la Ley del Sector Eléctrico establece que los consumidores tendrán derecho a «ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios». El nuevo sistema de tarifas eléctricas que pretende imponer el Gobierno no sólo vulneraría la legislación en materia de protección de los consumidores, vigente desde mediados de los años 80, sino que también incumpliría la propia Ley del Sector Eléctrico publicada en el BOE hace solo mes y medio, según denuncia FACUA.
La asociación de consumidores denuncia que la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece en su artículo 44 que los consumidores tendrán derecho a «ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios».
“En contra de lo establecido en esta nueva norma, el borrador de Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor y su régimen jurídico de contratación plantea que los usuarios no podrán conocer las tarifas que les cobrarán hasta que no les lleguen las facturas. Así, el importe de cada kWh consumido será distinto cada día o cada hora, según el tipo de contador que tengan instalados los consumidores lo que supondrá la aplicación de sesenta tarifas distintas en cada periodo bimestral para quienes no tengan aún los nuevos contadores de telegestión habilitados y unas 1.500 tarifas para los que sí dispongan de ellos”, añade la asociación de consumidores.
FACUA señala que “el disparatado sistema facilitará a las compañías nuevas subidas injustificadas y provocará un auténtico caos, con un recibo infinitamente más opaco que hará prácticamente imposible verificar si se producen errores o fraudes en la facturación”.
Asimismo, la pretensión del Ejecutivo vulnera la legislación española en materia de consumo. FACUA señala que no pueden modificarse las tarifas de un servicio sin facilitar esta información previamente a los usuarios, de manera que puedan decidir si aceptan o no las nuevas condiciones. Se trata de un derecho reconocido en la legislación de protección de los consumidores desde mediados de los años 80.
