Ceiss se libra de hacer los test de conveniencia, y dicta a los preferentistas que aceptan el canje la fórmula para reconocer que los productos no son adecuados para los ahorradores, denuncia la plataforma de afectados. “Este producto es complejo y se considera no conveniente para mí”. “No he sido asesorado por Unicaja Banco ni por Banco Ceiss en esta operación”. Estas son las frases que los afectados por las preferentes de la entidad castellana deben escribir de su puño y letra al aceptar la operación de canje de ofrecida por Unicaja, según ha denunciado la Plataforma de Afectados Preferentes y Deuda Subordinada Ceiss en un comunicado.
La plataforma considera que el proceso de canje ha sido una “chapuza constante” por parte de la dirección comercial de Ceiss, cuyo último ejemplo es esta medida, que estaría encaminada a “evitar tener que hacerles un test de conveniencia” a los afectados. A cambio de no pasar esta prueba, les hacen escribir dos párrafos “guiados -tratados como niños de primaria- con su puño y letra para evadir la Directiva Comunitaria 2006/73/CE”.
Los afectados denuncian además que “Ceiss nos trata como inversores sin derechos”. “Si nos considera accionistas, tenemos que tener representación en el Consejo y si por otra parte (como parece que es) somos bonistas, tendríamos que tener los derechos que nos corresponden según el Plan de Resolución y ser escuchados en todos los cambios que se tengan que realizar en la Entidad a través de nuestros representantes en la Asamblea de Bonistas”, señala la plataforma.
Los afectados señalan que desde que descubrieron que “habíamos sido engañados” no ha hecho más que aumentar su enfado “al ver la cantidad de ilegalidades que están cometiendo con todos los afectados de Ceiss”: primero la quita llevada a cabo a mediados del año pasado, que conllevó un primer canje por “un producto no pedido por nosotros”.
Después vino la oferta de canje de Unicaja, que supone cambiar los productos “por otros dos más raros y encima con otra quita”, aunque con el proceso de ‘revisión’ del FROB (similar al arbitraje) y el ‘acompañamiento’ de Unicaja para limitar las pérdidas para los ahorradores.
La Junta de Castilla y León tampoco escapa de las críticas, ya que a sus miembros “sólo les preocupa no ser investigados por la falta de control que han tenido durante estos años y que todo se termine cuanto antes”, pero “no les preocupa el problema de las 37.000 familias afectadas en sus ahorros, ni los más de 3.200 empleados en una Comunidad con tantos problemas laborales”.
