Estos expertos consideran que el Gobierno tiene que dar ejemplo e imponer una mayor transparencia para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Los expertos que han firmado el informe La economía sumergida pasa factura, presentado este miércoles en Madrid, se han quejado de que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, no les ha permitido acceder a los datos de la amnistía fiscal.
Además, consideran que la indiferencia practicada por este gobierno (y otros anteriores) evita preparar el combate contra la economía sumergida. Una economía sumergida que, al mismo tiempo, podría estar evitando revueltas sociales.
Dos técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado y José María Mollinedo, junto al profesor de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sardá, han sido los responsables de exponer ante multitud de medios de comunicación –además de los nacionales estaban también presentes corresponsales extranjeros- que, según sus últimos cálculos, la economía sumergida supone un 24,6% del PIB. Es decir, que han escapado al control de Hacienda unos 253.000 millones de euros.
Según estos expertos, el fenómeno de la economía sumergida, junto a otros como el del colchón familiar, la cobertura de las ONG o los subsidios estatales, ha conseguido que la ciudadanía española, tras casi cinco años de crisis económica, se encuentre relativamente en calma. Algo que lógicamente compensa a las autoridades, que nunca se habrían molestado en encargar un informe al respecto a pesar de que España se encuentra a medio camino entre los países de su entorno más directo y otros considerados tercermundistas.
Según se desprende de este estudio, el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB. Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.
Por otro lado, más allá de los datos puramente económicos, el informe señala que en España existe un grave problema de moralidad con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura del fraude no está tan enraizada. De hecho, sólo Italia, Portugal y Grecia presentan valores superiores a los españoles, pero aún nos situamos muy lejos de países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).
En este sentido, el informe incluye como una de sus propuestas la reducción de la economía sumergida en al menos diez puntos porcentuales, un objetivo que considera realista, si bien reconoce que es “muy difícil” bajar de tasas de entre el 6% y el 8% del PIB, dado que hay actividades económicas que no serían rentables si se legalizasen.
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