Representantes de Banesco y Banco Etcheverría (con el que realmente se fusionará Novagalicia) se reunieron el pasado lunes con los sindicatos de la entidad gallega. El venezolano Banesco está dispuesto a entrar con buen pie en Novagalicia una vez que Bruselas autorice formalmente la operación, y una parte importante para lograrlo pasa por encontrar una solución para las polémicas participaciones preferentes, también en lo que concierne a los trabajadores de la entidad que en su día adquirieron este producto.
Representantes de Banesco y Banco Etcheverría (con el que realmente se fusionará Novagalicia) se reunieron el pasado lunes con los sindicatos de la entidad gallega, una primera toma de contacto en la que comenzaron a esbozarse las líneas de actuación a la espera de que Bruselas de luz verde. Por parte de la empresa, acudieron a la cita, entre otros, Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco, Javier Etcheverría, presidente de Banco Etcheverría y Francisco Botas, futuro consejero delegado de Novagalicia.
Entre los temas sobre la mesa, el futuro de la plantilla de Novagalicia, que ha soportado ya cuatro expedientes de regulación de empleo (ERE) desde que se acometió la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova. Así, aunque el ERE actual seguirá su curso, se estudia la paralización de las medidas más lesivas para los empleados, y se reitera el compromiso de mantener el empleo.
Las preferentes serán otro de los asuntos que deberán resolver los nuevos dueños de Novagalicia, que en su reunión del lunes con los sindicatos anunciaron que se intentará dar una solución también a los trabajadores (y a sus familiares) que también adquirieron estos polémicos productos, y que no tuvieron derecho a los arbitrajes al entenderse que conocían los riesgos.
Tal y como publicó el año pasado La Voz de Galicia, los cálculos de los sindicatos apuntan a que unos 750 trabajadores de Novagalicia adquirieron preferentes, por un importe total de unos 76 millones de euros. A esa cifra habría que sumar otras 2.500 personas, familiares de estos empleados, con otros 100 millones atrapados.
Los empleados no pudieron acceder a los arbitrajes y tienen muy difícil que la Justicia les de la razón si acuden a los tribunales.
