“Si Blesa almacenaba en dichos correos información privada o ajena a su actividad profesional, quien se ha desprotegido de la garantía del derecho constitucional es el propio afectado”, defiende Silva. El juez Elpidio José Silva ha defendido que no vulneró la intimidad del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y que, en todo caso, fue este quien se “desprotegió” a sí mismo al no hacer un uso responsable de su correo corporativo y utilizarlo “única y exclusivamente” para el desarrollo de su actividad profesional.
Según recoge la agencia Europa Press, así lo defiende en el recurso que ha presentado contra el auto del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Jesús Gavilán, que sostenía que existían “indicios racionales” para atribuir al juez Silva la comisión de presuntos delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual en su instrucción del ‘caso Blesa’.
El próximo martes se conocerá probablemente la resolución de este recurso, después de que la Sala de lo Penal y Civil deliberara ayer sobre su contenido. Silva pedía anular el auto del magistrado instructor que transformaba las actuaciones en procedimiento abreviado e instaba a las partes a solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
En el recurso al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Silva critica que “lo que se está atacando” en este procedimiento “no es otra cosa que la independencia judicial de aquellos destinados legalmente a investigar a los poderosos”. Cree que se acude a la vía penal para “reconducir” un comportamiento “molesto” ante el “innegable deseo” de utilizar este procedimiento para apartarle de la Carrera Judicial.
Asimismo, niega rotundamente que haya vulnerado el derecho a la intimidad del ex banquero al recordar que “en ningún caso” solicitó copias de los correos electrónicos que almacenaba el servidor de Bankia que fueran “de carácter netamente personal o susceptible de utilización única y exclusivamente privada”.
Y recuerda que las normas de actuación vigentes en la Caja Madrid presidida por Blesa establecían la “obligación de todos los profesionales -incluso su presidente- de hacer un uso responsable de los recursos”, indicando expresamente que solo podían ser utilizados “única y exclusivamente para el desarrollo de la actividad profesional”.
“Si Blesa almacenaba en dichos correos información privada o ajena a su actividad profesional, quien se ha desprotegido de la garantía del derecho constitucional es el propio afectado”, recoge el recurso, donde critica que se esté intentando ahora proteger de forma “desmesurada” al que fuera responsable de la caja madrileña.
En esta línea, hace hincapié en que la entidad es la propietaria y “legítima poseedora” de los correos y que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya avala la utilización “estrictamente” profesional de los medios corporativos y su control por la empresa.
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