El director de regulación de la patronal eléctrica afirma que se trataría de una «medida populista» e «ilegal». El director de regulación de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Alberto Bañón, asegura que “una medida populista” como aplicar una quita a las eléctricas de la deuda que estas empresas financian a los consumidores no solo es “ilegal” sino que habría que renunciar al Estado de derecho para llevarlo a cabo.
“Una quita a quien ha prestado un dinero por imposición legal para que cobren otros es un sinsentido, pero, sobre todo, es ilegal; tanto que no bastaría cambiar una ley para arreglarlo, habría que dejar de ser un Estado de derecho”, afirma hoy Bañón en una tribuna publicada en el diario El País.
El director de regulación de Unesa explica que la ley obliga a las cinco empresas del sector a prestar el dinero necesario para pagar las actividades reguladas cuando los ingresos de las tarifas son insuficientes. Es decir, a que financien el déficit de tarifa. Recientemente el Tribunal Supremo ha determinado que esta obligación impuesta no es ilegal, siempre y cuando esté garantizada su recuperación y el coste de su financiación a tipos de mercado. “Es obvio que una quita lo haría palmariamente ilegal”, añade.
Bañón afirman aemás que “lo que siempre se olvida, a pesar de que es una de las causas principales, junto a las primas, de la falta de competencia en el suministro eléctrico”, es el mantenimiento de una Tarifa de Último Recurso (TUR), que fija el Gobierno por debajo del coste real de suministro y con la que ningún comercializador puede competir. Según afirma, la única modificación que ha introducido la reforma energética ha sido cambiarle el nombre (desde el pasado 27 de diciembre su nombre es Precio Voluntario al Pequeño Consumidor).
“Llamar de último recurso a una tarifa a la que tienen derecho el 100% de los consumidores domésticos y un gran número de pequeñas y medianas empresas es, cuanto menos, un contrasentido”, sostiene.
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