El FROB podría verse obligado a conceder ayudas públicas en la subasta de Novagalicia pese a las ventajas que otorga la nueva norma de los DTA. La subasta de Novagalicia entra en su recta final –el FROB escuchará ofertas vinculantes hasta el 12 de diciembre- con muchas incógnitas en el aire, en especial a lo que se refiere a la petición de los bancos interesados de recibir ayudas públicas para la operación. En ese sentido, la nueva reforma aprobada por el Gobierno sobre los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) obliga a las entidades a hacer un nuevo análisis de sus ofertas.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, aseguró la semana pasada que la reforma de los DTA “es una norma general que favorece a entidades que están nacionalizadas y sujetas a un proceso de privatización, como es el caso de [la entidad de] Galicia, que es la primera que está en proceso y evidentemente es un marco general del cual se pueden aprovechar el resto de entidades”.
El mercado calcula que los DTA de Novagalicia contabilizan unos 4.500 millones de euros, pero no todos seguirán siendo útiles para su clasificación como capital de máxima calidad, por lo que se llevará a cabo un análisis pormenorizado por parte de las entidades e inversores, para decidir si consideran suficiente el apoyo o siguen adelante solicitando un esquema de protección de activos (EPA) que les proteja ante futuros riesgos de la entidad, y de qué importe.
La nueva normativa sobre los activos fiscales diferidos convierte a éstos en créditos exigibles frente a la Administración tributaria, lo que permite que continúen siendo considerados como core Tier 1 (capital de máxima calidad) en la nueva normativa internacional de Basilea III. Pero no todos los DTA seguirán este camino, sino tan sólo aproximadamente un 60% de los que tiene la banca española (30.000 millones de euros), según detalló el propio Guindos.
Entre los que seguirán siendo considerados capital se encuentran los generados por las provisiones de la banca, incluidas las que el año pasado obligó a realizar el propio ministro, a través de dos reformas financieras casi consecutivas, y que tenían como objetivo cubrir el riesgo del ladrillo. También se han computado como capital los activos procedentes de las bases imponibles negativas (BIN) que se generaron como consecuencia de estos elevados saneamientos para cubrir el riesgo inmobiliario.
Por último, se incluyen asimismo las aportaciones a los planes de pensiones y las prejubilaciones, algo que afecta especialmente a la gran banca. El mercado había especulado con que esta partida no se incluiría en el texto final, y, teniendo en cuenta que afecta especialmente a la gran banca, por lo que podría favorecer a la subasta de Novagalicia no sólo respecto a sus propios compromisos, sino también de manera indirecta.
Los DTA se generan cuando los bancos se anotan pérdidas o se ven obligados a realizar provisiones para cubrir riesgos de capitalización, como por ejemplo, las destinadas a cubrir el riesgo inmobiliario o el aumento de la morosidad, y que no son deducibles en el momento de realizarlas pero sí en un futuro.
Cuatro bancos –Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Banesco- y cuatro fondos internacionales -Guggenheim, WL Ross, JC Flowers y Anchorage-, han acudido por el momento a la subasta de Novagalicia.
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