Un afectado que tuviera 10.000 euros en preferentes de Caja España ha perdido ya 4.000 euros tras la primera quita, y con el nuevo canje pierde otros 4.000 euros, según Adicae. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) llevará a los tribunales el canje ofrecido por Unicaja a los afectados de las preferentes y la deuda subordinada de Ceiss, el banco de Caja España-Duero, dentro de la operación de fusión de ambas entidades.
La asociación, que ya ha presentado demandas colectivas contra Caja España y Caja Duero, las cuales en breve se verán ampliadas, ha anunciado una batería de medidas, entre las que se encuentra la impugnación judicial de la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la operación, y al folleto de emisión de Unicaja.
Según denuncia Adicae, un afectado que tuviera 10.000 euros en preferentes de Caja España ha perdido ya 4.000 euros tras la primera quita, y con el nuevo canje pierde prácticamente otros 4.000 euros. En total de 10.000 le quedarían de media (de las tres emisiones) 1.796 euros, que además, añade, se quedan “bloqueados en un nuevo corralito dado que los bonos que tienen, y los que les ofrecen ahora no cotizan y son ilíquidos”.
El mecanismo habilitado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para la resolución determinará si hubo deficiencias en la comercialización de estos productos e implicaría la devolución del 90% aproximado del capital, pero únicamente sobre el porcentaje apartado y eliminado en la quita, que puede ser del 60/70%, dado que el restante ya serían los bonos como único patrimonio resultante tras el canje.
Adicae, junto con los afectados a los que sigue agrupando en las demandas ya interpuestas contra Caja Duero y Caja España (Ceiss), intensificará su campaña de asambleas informativas y movilizaciones hasta la consecución de una “solución aceptable”.
La asociación, que ya ha agrupado a más 2.200 personas para demandar a la entidad por la estafa de las preferentes, considera que resulta fundamental que los más de 35.000 ahorradores perjudicados tomen conciencia de la necesidad de defender sus derechos como colectivo.
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