La Ley de cajas: sin acuerdo tras meses de tira y afloja entre Gobierno, oposición y Troika

Tras diez meses de negociaciones, la polémica por la incompatibilidad de los patronos de las fundaciones para sentarse en los consejos de los bancos sigue sin resolverse. La Ley de Cajas es la última pieza del rompecabezas que necesita el ministro de Economía, Luis De Guindos, para dar por completada la reestructuración del sector financiero que ha impulsado en los ya casi dos años transcurridos desde que Rajoy asumió los mandos del Gobierno. Sin embargo, la redacción final del texto está dando no pocos quebraderos de cabeza al ministro, obligado a negociar en un tenso tira y afloja con muchos frentes abiertos: la oposición, las administraciones autonómicas, las propias cajas de ahorros y la siempre vigilante Troika que conforman el FMI, el BCE y la Comisión Europea.

La nueva norma fue presentada por el Gobierno a principios de año, pero aún hoy existen importantes divergencias entre los diferentes actores hasta el punto de que esta misma semana el Pleno del Congreso rechazó con los votos del PP y UPN las cinco enmiendas de totalidad presentadas por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC, el BNG y Amaiur contra el proyecto de ley de cajas. La votación contó con las abstenciones de PSOE, CiU, PNV, CC-NC y Foro Asturias (FAC), que no obstante esperan que el ofrecimiento de diálogo de Guindos se materialice en cambios durante la tramitación parlamentaria de la norma.

La batalla se plantea en dos frentes especialmente: por un lado, que el fondo de reserva que deba crear las nuevas fundaciones bancarias en las que se convertirán las cajas se sitúe en el seno del banco, y no de la propia fundación, como contempla el proyecto.

La principal polémica, sin embargo, es la incompatibilidad que contempla el texto legal, tal y como está escrito actualmente, para que los patronos de la fundación bancaria se sienten también en los consejos de administración de los bancos. Isidro Fainé ( La Caixa ), Amado Franco (Ibercaja), Mario Fernández (Kutxabank) y Braulio Medel (Unicaja), los presidentes de las únicas cajas que no han recibido ninguna ayuda pública, se verán obligados a decidir entre uno y otro puesto si finalmente las negociaciones no llegan a buen puerto.

En ese sentido, el diario El País publicó esta semana que el PP había dado su beneplácito para que, tal y como habían pedido el PNV y CiU, se modificasen estos dos aspectos, pero que ha sido la Troika (FMI, BCE y Comisión Europea), la que ha ‘vetado’ cualquier reforma significativa sobre el texto, por lo que las negociaciones deberán trasladarse ahora a la esfera comunitaria.

A la espera de que se resuelvan estos aspectos concretos, la nueva Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias contempla una transformación radical del sector. Así, las cajas que controlen más de un 10% de un banco deberán convertirse en fundaciones bancarias en un plazo de unos cinco meses tras su entrada en vigor.

El máximo órgano de esta fundación será el patronato, que deberá estar formado por 20 miembros bajo estrictos criterios de “honorabilidad” y con probada experiencia en el sector. En el caso de que controlen más de un 30% del banco, estas fundaciones deberán suscribir asimismo un protocolo de gestión y presentar un plan financiero anual.

Si la participación es superior al 50%, el plan financiero deberá ser más exhaustivo, con un programa de diversificación estratégica que otorgue al Banco de España la posibilidad de clarificar la estructura de riesgos de la entidad. Asimismo, las fundaciones deberán en este caso crear el ya mencionado “fondo de reserva”, cuya dotación final será decidida por el Banco de España en función de los activos ponderados por riesgo la participación que tenga la antigua caja en el banco.

Las nuevas fundaciones bancarias podrán acudir a las ampliaciones de capital que eventualmente realicen los bancos a los que entregaron sus negocios financieros, aunque en ningún caso podrán ejercer derechos políticos por encima del 50%.

Actualmente, La Caixa controla actualmente un 61,5% de CaixaBank tras la salida a Bolsa y la compra de Banca Cívica, pero las cajas vascas poseen en 100% de Kutxabank. Lo mismo ocurre con Ibercaja y Unicaja, si bien estas dos reducirán ligeramente sus participaciones con las compras de Caja 3 y Caja España-Duero, respectivamente.

Entre los grupos rescatados, toda participación de una caja inferior al 10% obligará a la conversión en una fundación ordinaria, bajo tutela de la autonomía. La nueva reforma supondrá en la práctica la desaparición de las cajas de ahorros, ya que en principio sólo dos entidades de tamaño muy limitado, Caixa Pollença y Caixa Ontinyent podrán seguir su actividad como hasta ahora, al tener un tamaño muy reducido y estar su actividad limitada a su territorio de origen.

La nueva Ley también introduce cambios en lo que se refiere a la política de dividendos de los bancos respecto a las fundaciones, que se nutrirán básicamente de estas retribuciones. En el anteproyecto que se aprobó el 3 de mayo se decía que la política de dividendos debía ser acordada por el 75% de los accionistas con voto, pero se ha reducido al 66%.

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