El grupo sevillano exige a España una compensación de 60 millones por año por el recorte de las primas a las renovables. La apuesta de Abengoa por la generación de energía termosolar, va en serio y se encuentra en la base de la expansión internacional del grupo que, en estos días, ha llevado a la empresa a cotizar en el Nasdaq, donde debutó con una revalorización del 3%.
Por eso, los gestores de la empresa se muestran radicalmente en contra del recorte de las primas a las energías renovables que impulsa el Gobierno español y que puede suponer un fuerte menoscabo a sus ingresos.
De modo que ha emprendido, desde la pasada primavera una dura estrategia legal para reclamar compensaciones por la disminución de sus ingresos que va a suponer el recorte de las primas incluido por Soria en su reforma del sector eléctrico y que, las grandes eléctricas aún encuentran demasiado tímido.
Algunos de los detalles de esta estrategia se han conocido ahora, al ser incluidos en el folleto informativo que la compañía española entregó a la SEC, el supervisor de los mercados de EEUU, con motivo de su salida a Bolsa en aquel país.
Por ejemplo, según una información publicada por ‘El País’, se acaba de saber que en junio de este año, Abengoa útilizó a su filial CSP, con sede en Luxemburgo, y titular de seis de las plantas termosolares de la empresa para solicitar un arbitraje internacional en la corte de La Haya.
Según pública este diario, citando fuentes de la compañía, la empresa reclama 60 millones de euros anuales, por cada ejercicio durante el cual se mantenga la situación actual, cantidad que equivaldría, más o menos, al 33% de los ingresos que consigue en este negocio y que el recorte de las primas pone en riesgo.
Esta sería la tercera demanda de arbitraje a la que se enfrenta el Estado español a cuenta del recorte de las primas que vulneraría la Carta Internacional de la Energía que España ha suscrito.
Las otras dos han sido impulsadas por fondos de inversión internacionales e incluyen en conjunto unas reclamaciones superiores a los 600 millones de euros. Algunos expertos creen que pronto habrá muchos más litigios de esta clase.
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