Los proyectos en los que participa la italiana Endesa para la instalación de centrales hidroeléctricas en la Patagonia chilena han llevado al Gobierno a involucrarse de manera más activa en estos asuntos.
Recientemente, el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, ha anunciado que podría llevar a cabo una reforma constitucional que establecería un mayor control del Estado en materia del agua. Incluso, el Gobierno podría dotarse de una normativa que le permita caducar permisos de las compañías.
Las continúas protestas de los chilenos parecen haber cercado al consorcio HidroAysén, integrado por Endesa Chile y Colbún que amenaza con sus presas a los ecosistemas del sur del país. A finales del mes de agosto, más de 2.000 personas protestaron en una decena de ciudades de Chile contra los proyectos de las hidroeléctricas.
“Nos oponemos a esta lógica de crecimiento económico instaurada en nuestro país, en la cual se toman decisiones centralistas (…) que nos están dejando como legado una serie de grandes, invasivos y nefastos proyectos de inversión”, han señalado los manifestantes integrados en la plataforma “Por un Chile Sin + Represas” en un comunicado.
