El Gobierno de Rajoy empieza a reconocer, aunque sea con la boca pequeña, la necesidad de que el crédito llegue a las pymes para impulsar el empleo: Sin embargo, una de sus primeras medidas fue desmontar un mecanismo para favorecer la financiación empresarial que habían puesto en marcha Zapatero.
El actual Ejecutivo suprimió la garantía del Estado en los préstamos públicos para las pymes (créditos ICO), destinados a proporcionar liquidez, en abril de 2012, al poco tiempo de llegar al poder. Una medida implantada en 2009 por sus antecesores con la intención reactivar el crédito.
Una información confirmada a EL BOLETIN por los portavoces oficiales del ICO que, sin embargo, han explicado que en el caso de los créditos destinados a la inversión (esto es, a la compra de suministro, maquinaria, etcétera), la institución dejó de compartir el riesgo con las entidades financieras en la época de José María Aznar. Y, desde entonces, esta situación se ha mantenido así, sin que ningún gobierno estimara oportuno cambiarla.
Una asunto del que se quejan las asociaciones de autónomos que, según los datos facilitados por asociaciones de este gremio, aseguran que a fecha de hoy tan sólo se han concedido 7.200 millones de euros de un total de 22.000 millones que el ICO tenía planeado para 2013.
La explicación que encuentran es precisamente el hecho de que antes «el ICO asumía un 50% del riesgo y el banco el otro 50%, pero ahora todo recae en la entidad privada», según ha explicado a este periódico el secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), Sebastián Reina.
Es decir que, el Gobierno de Zapatero puso en marcha el esquema que ahora exigen los autónomos para mejorar la fluidez del crédito hacia las pymes y fue el Ejecutivo de Rajoy quien terminó con él en abril de 2012.
Y, tal y como decíamos al principio de esta información, lo hizo sólo cuatro meses después de haber llegado al poder, en pleno proceso de recortes y mientras aseguraba que el apoyo a la empresa y a la creación de empleo eras su principal prioridad.
Hasta el momento, ningún portavoz del Ministerio de Economía, ha contestado a los requerimientos de este diario para ofrecer su versión sobre el particular.
