El ministro de Industria, José Manuel Soria, lanzó en julio una reforma energética que ha golpeado a todos los operadores del sector. Iba a ser, según dijo entonces, la solución definitiva para el déficit de tarifa (la diferencia entre los costes y los ingresos del sistema), un agujero que supera ya los 26.000 millones de euros. Dos meses después, el Ejecutivo ha admitido que el déficit eléctrico sumará este año otros 3.000 millones.
La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), que integra a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y E.ON, se pregunta cómo es posible que, pese a los impuestos y recortes sufridos por las eléctricas, no se solucione el problema.
En un comunicado, la patronal eléctrica advierte que “seguir financiando y soportando en nuestros balances importantes partidas del déficit nos parece incompatible con el enorme esfuerzo económico que ya hemos realizado”. Además, pone en duda ya que en un futuro se vaya a conseguir el objetivo de solucionar este “grave problema”.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha ido poniendo continuos parches para tapar el agujero: ha recortado las primas a las renovables, ha subido impuestos y creado nuevos. También y como hicieron los anteriores Ejecutivos ha ido subiendo progresivamente el recibo de la luz, hasta el punto de que se ha encarecido un 70% en siete años y es el más caro de Europa, solo por detrás de Chipre y Malta.
Muchos actores de esta industria han pedido al Gobierno que deje ya los parches y emprenda reformas estructurales. Es el caso de la Fundación Renovables, que destaca que “el coste más importante es el de la dependencia energética y si se eliminan las fuentes autóctonas, como las renovables o el ahorro, solo se está agravando hasta límites imprevisibles la vulnerabilidad de España”.
En este sentido, Javier García Breva, presidente de la Fundación, sostiene que la desviación de la última subida del petróleo ha supuesto un coste añadido que duplica “el pretendido ahorro de la reforma energética”.
El Gobierno estimó que el real decreto ley 9/2013 de 12 de julio permitiría ahorrar 4.500 millones de euros a través de los peajes de acceso. Sin embargo, la subida en el precio del petróleo a raíz del conflicto en Siria (el barril supera los 110 dólares) amenaza con echar al traste estos planes.
Según explica García Breva, los Presupuestos Generales del Estado de 2013 están calculados sobre un precio del crudo para todo este año de 101 dólares, pero hasta septiembre ha estado por encima de los 110 e incluso ha llegado a superar los 115 en agosto, algo que supondrá un fuerte incremento de costes para toda la economía porque –según el Ministerio de Industria- la subida de diez puntos en el precio del barril supone una desviación en los presupuestos de 6.000 millones de euros.
Así, prosigue García Breva, “el coste de las importaciones energéticas y el balance comercial energético ascenderá a 60.000 y 45.500 millones de euros, respectivamente, es decir el 6% y el 4,5% en términos de PIB y de renta nacional que se transfiere a países extranjeros”. “Ningún país europeo alcanza tal grado de dependencia energética”, añade.
Ley del sector eléctrico
El Gobierno aprobó el pasado viernes el proyecto de Ley del Sector Eléctrico, con el que pretende equilibrar ingresos y gastos en este ámbito, sin atender a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE) –que pedía no aplicar peajes al autoconsumo-, al no considerarlas adecuadas.
El proyecto de Ley se remite ahora a las Cortes, después de que el anteproyecto aprobado el 12 de julio recibiera el informe favorable del Consejo de Estado y obtuviese las correspondientes consideraciones por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
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