Los futuros pensionistas serán más pobres, porque cobrarán menos siempre en el futuro, gracias a la combinación de las dos reformas estelares del Gobierno de Rajoy, la laboral y la que ahora plantean para las pensiones.
Antonio González, miembro del Consejo Económico y Social (CES) está convencido de ello. En declaraciones a ‘EL BOLETIN’ este experto considera que la opción adoptada por el Gobierno en la reforma laboral de apostar por la devaluación de los salarios y la precariedad laboral como estrategia de salida de la crisis, es la mayor amenaza, hoy por hoy para la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Un sistema que se financia con las cotizaciones procedentes de los salarios, si estos son más bajos, puede tener problemas porque los ingresos de la Seguridad Social serán menores. Es decir que, según este experto, vamos a un futuro en que la mayor parte de los ciudadanos sean activos o pensionistas van a ser más pobres.
Si se ingresa menos, por fuerza habrá menos que repartir. Y por mucho que aumenten los puestos de trabajo, al ser estos de peor calidad y estar peor remunerados el efectivo disponible para redistribuir habrá menguado.
Justo, en un momento, en que se prevé, para 2030, un aumento del número de pensionistas, por el efecto del ‘baby boom’ de la década de los sesenta. Jubilados que, además, cobrarán durante más tiempo, porque su esperanza de vida es mayor.
Y lo que es peor, gracias, o por culpa del efecto, de la combinación explosiva que conforman la reforma laboral y la de las pensiones, estas amplias capas de la población quedarán para siempre al margen de los posibles efectos positivos que pudiera tener la recuperación económica.
González opina que con ese marco legislativo que se ha configurado, aunque subiese la renta o el PIB per cápita, la mayor parte población quedará al margen de la mejora. Y seguirá inmersa en una zona empobrecida, cada vez más alejada de lo que fue, no hace tanto la ‘clase media’.
Si habrá en cambio un fuerte aumento de las desigualdades, porque la reforma laboral no afecta a los técnicos o a quienes, gracias a sus posibilidades económicas puedan conseguir una educación de élite.
Esa circunstancia, como han advertido algunos activistas del sector de la educación, convierte en aún más ‘ideológica’ la reforma educativa sesgada que defiende el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y amplifica el impacto que tendrá el futuro el actual proceso de recortes.
Además, muchos analistas han asegurado en estos días que la reforma de las pensiones que ahora quiere hacer el Gobierno, no está justificada. No hay ningún dato, ni ningún informe que avale la necesidad de dar ese paso en este momento.
El problema actual de la Seguridad Social es puramente coyuntural. Y se deriva de la caída del empleo que ha laminado los ingresos del sistema y ha convertido en insuficientes las cotizaciones, de tal modo que la financiación de las prestaciones requiere transferencias de recursos del estado, por la vía de los presupuestos.
Pero las medidas propuestas en la reforma laboral no se encaminan hacia la resolución de ese problema. Se introducen unos supuestos índices de sostenibilidad que solo tratan de reducir el gasto, sin preocuparse del problema real que se concentra en los ingresos.
De hecho, como recuerda Antonio González, cuando la situación del empleo era mejor, entre 2000y 2008, la Seguridad Social, tuvo superávit y se pudo crear un fondo de reserva. Ahora, con la crisis que es durísima y el efecto de las políticas de ajuste y recortes aplicados, la situación es bien distinta.
Por eso, para González, la verdadera intención de esta reforma es otra. Aplicar un severo recorte en las pensiones, que el propio Gobierno ha cifrado en su memoria económica en 33.000 millones de euros, pero que, como mínimo será el doble, porque el IPC previsto, de sólo el 1%, es una cifra inédita en España.
Si los precios sólo subieran un 2% al año en la próxima década ya podríamos hablar de un periodo de estabilidad inédito en la historia. Así que la intención de la reforma no puede estar más clara. Se trata de conseguir que los pensionistas cobren menos.
Además, es probable que al propio ‘Gobierno’ le interese que la población sea consciente de esto. Para que tome sus propias decisiones de cara a mantener en el futuro su actual poder adquisitivo. Es decir, para que se contraten planes de pensiones, y se beneficie el negocio de bancos y aseguradoras.
