La negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) de CatalunyaCaixa comenzará el próximo lunes con posturas completamente enfrentadas entre la dirección y los sindicatos. El principal escollo de la negociación, la negativa del banco a acometer las prejubilaciones que le solicitan los representantes de los trabajadores, debido a que esta medida sería demasiado costosa tras la última reforma aprobada por la ministra Báñez.
El 1 de abril de este año entró en vigor el polémico decreto ley que, entre otros aspectos, obliga a las empresas con beneficios a abonar el paro a sus trabajadores afectados por un ERE, con el objetivo de poner fin a las prejubilaciones masivas. En otras palabras, las compañías con pérdidas que en los próximos cinco años sumen al menos dos con beneficios tendrán que hacerse cargo del coste de las cotizaciones, las prestaciones y los subsidios por desempleo. CatalunyaCaixa ganó 182 millones hasta junio y se da por hecho que también obtendrá ganancias el banco que resulte comprador en la posterior subasta.
Además, la empresa también tendrá que hacerse cargo de las prestaciones, si el porcentaje de despedidos mayores de 50 años es mayor que el de empleados de este colectivo que permanecerá en la compañía. Según cálculos del sindicato CSICA, CatalunyaCaixa cuenta con 1.148 trabajadores mayores de 50 años, de los que 543 tienen más de 55 años.
Es en este colectivo en el que los sindicatos piden que se concentre el ajuste laboral a través de prejubilaciones, al ser una medida menos traumática, pero la dirección ya se negó en su propuesta inicial a las bajas de mayores de 50 años que supongan un sobre coste a la empresa. Por ello, cifra entre apenas 100 y 150 empleados el máximo que podrá salir de entre el colectivo de mayor edad.
CatalunyaCaixa tiene intención de aplicar un ERE que afectará a 2.453 trabajadores, a los que pretende ofrecer la indemnización mínima legal de 20 días por año y 12 mensualidades. La entidad catalana es la última rescatada en acometer el proceso de reestructuración, después de que Novagalicia y Bankia cerrasen acuerdos con los sindicatos (e indemnizaciones de 30 días por año) a mediados de febrero.
De hecho, según comentan fuentes del sector, la tardanza en iniciar este proceso está detrás del enfado del ministro de Economía, Luis De Guindos, con Adolf Todó, al que destituyó en mayo de su puesto de presidente de CatalunyaCaixa. El mismo camino siguió el consejero delegado, Jaume Masana.
Ha sido el nuevo equipo de CatalunyaCaixa, liderado por el presidente José Carlos Pla, el encargado de abrir el proceso de reestructuración y las negociaciones con los sindicatos, que se presentan cuanto menos difíciles. Los sindicatos ya han iniciado un calendario de movilizaciones y esta misma tarde se concentrarán a las 18:00 en Barcelona, Valencia, Madrid y Zaragoza.
Incluso la Generalitat de Cataluña ha tomado partido al solicitar al FROB, máximo accionista de CatalunyaCaixa, que ofrezca las mismas condiciones en el ERE que las otras entidades rescatadas.
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