El presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, se evitó ayer el mal trago de tener que enfrentarse a los trabajadores descontentos con el expediente de regulación temporal del empleo (ERTE) que se manifestaron frente al Palacio de Camposagrado, donde estaba previsto que el ejecutivo interviniera en el Curso de Verano de UGT.
CSICA, STC y CSI habían convocado una concentración frente a la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias de Avilés (Palacio de Camposagrado), coincidiendo con la celebración de la Escuela de Verano de UGT. En este acto estaba prevista la intervención de Manuel Menéndez, presidente de Liberbank, que no obstante no acudió, enviando en su lugar a Antonio Álvarez Pinilla, director del departamento de Análisis e Innovación del banco.
Los que sí que tuvieron que soportar los cánticos y gritos de los trabajadores de Liberbank a su entrada al recinto fueron Javier Fernández, presidente de Asturias, Cándido Méndez, secretario general de UGT, Justo Rodríguez, secretario general de UGT Asturias, y Pilar Varela, alcaldesa de Avilés.
Los sindicatos convocantes explican que estas protestas persiguen “denunciar el brutal plan de ajuste de Menéndez y sus cómplices políticos y sindicales”. El acuerdo del ERTE alcanzado por CCOO y UGT con la dirección contempla que 775 empleados sufrirán una reducción de jornada del 50% durante un plazo de tres años. A otros 770 trabajadores se les reducirá la jornada en un 30%, en su caso durante cuatro años. Los 3.897 trabajadores restantes, reducirán la jornada en función de los porcentajes ya planteados antes en cada uno de los territorios, de alrededor de un 10%.
Asimismo, se contemplan 30 suspensiones de contratos voluntarias, para los que y durante tres años, se suspende el contrato durante 18 meses, continuadamente o en períodos de seis meses.
También se reducirán los salarios hasta 2017, entre un 2,6% y un 10,45% en el fijo, y de entre 2,14% y el 8,55% en el variable. Esta medida está condicionada a los resultados de Liberbank y a la devolución de las ayudas públicas de 124 millones de euros. Por último, se suspenderán las aportaciones a los planes de pensiones y se eliminarán buena parte de los beneficios sociales de la plantilla.
