El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha negado tajantemente que Bruselas estableciese “límites específicos” sobre el número de afectados por las preferentes “que eventualmente pudieran tener acceso a los procedimientos de arbitraje establecidos por las autoridades españolas”.
Así lo ha señalado en respuesta a la comisión de investigación sobre las cajas del Parlamento de Galicia, realizada por escrito tras descartar su comparecencia en persona, en la que también recuerda, según publica El País que fue el Gobierno español el que decidió no considerar entidad “sistémica” a Novagalicia.
Almunia ha defendido que lo único que se solicitó a las autoridades españolas fue “que cualquier proceso de arbitraje que pudiera establecerse se instrumentara mediante un profundo análisis caso por caso que determinara las circunstancias particulares de la venta fraudulenta de dicho instrumento”.
El comisario de Competencia sí ha admitido que el acuerdo entre el Gobierno y la Unión Europea para el rescate bancario español incluía que los tenedores de instrumentos de inversión como las preferentes asumiesen parte de las pérdidas. En ese sentido, Bruselas “informó a las autoridades españolas que el principio de reparto de la carga […] no podía nunca imponerse a un laudo arbitral o sentencia judicial que determinase que un determinado instrumento financiero fue originalmente fraudulentamente comercializado”.
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