Los ERE de la banca

El rescate de Bruselas se cobra uno de cada cinco empleos en las cajas

Comisión Europea, Bruselas

El rescate aprobado por Bruselas para el sector bancario español, en el que se han inyectado unos 40.000 millones de euros, ha conllevado una segunda oleada de despidos en las antiguas cajas de ahorros, que se cobrará previsiblemente algo más de 11.000 puestos de trabajo una vez que se cierre la negociación en CatalunyaCaixa. La cifra representa casi un 20% de las plantillas ya ajustadas que presentaban estas entidades, y ha venido acompañada de medidas adicionales como suspensiones de empleo y reducciones de jornada y sueldo.

El próximo día 20 de agosto, los sindicatos de CatalunyaCaixa se sentarán a negociar con la dirección el proceso de reestructuración obligado por la Comisión Europea, la última entidad en hacerlo a pesar de que, con más de 12.000 millones de euros, es después de Bankia la que más ayudas públicas ha recibido.

La semana pasada ya se realizó la primera toma de contacto con la entrega de la documentación por parte de la entidad, si bien los sindicatos han criticado que la dirección les oculta la información clave, ya que en su informe no detalla ninguna cifra de bajas ni de cierres de oficinas. No obstante, en los mentideros la cifra que más se baraja es la de 2.500 despidos, un 35% del total de la plantilla, conformada actualmente por 7.000 empleados.

El mayor recorte ha sido el llevado a cabo por Bankia, que ha afectado a 4.500 trabajadores a los que hay que sumar otras 1.000 salidas a través de externalizaciones. Con una plantilla de 20.589 empleados, el nuevo recorte afectó a un 22% de los trabajadores. En segundo lugar en lo que se refiere al ajuste se sitúa Novagalicia, que ha acordado 1.850 extinciones y el equivalente a otros 291 por reducciones de jornada en una plantilla que se había reducido ya a 5.800 trabajadores, un recorte del 32%.

En Caja España-Duero, el ERE acordado con la oposición de CCOO incluye 1.230 extinciones y otras 150 suspensiones rotatorias, en una plantilla total de 4.700 empleados. En Caja 3 el acuerdo es de 455 bajas y 60 suspensiones rotatorias, de los cerca de 2.450 trabajadores que tenía el grupo.

El grupo BMN y los sindicatos acordaron a finales de mayo un ERE que afectará a 900 empleados, de los que 520 abandonarán la entidad mediante bajas incentivadas voluntarias, salidas de trabajadores de más de 50 años con indemnizaciones de mutuo acuerdo y externalización de servicios, y el resto reducirán su jornada. El grupo contaba con 7.355 trabajadores, si bien en esta cifra no se incluyen los 2.003 trabajadores que pasaron al Sabadell junto con la red en Cataluña y Aragón.

La única entidad que ha recibido ayudas públicas pero que no acometerá despidos será Liberbank, si bien se da la circunstancia de que es la entidad en la que quizás haya habido un mayor conflicto con los 6.229 trabajadores del grupo.

Hasta el momento, el total de puestos de trabajo que se ha destruido desde que inició la crisis financiera asciende a unos 35.000 trabajadores. Si se tiene en cuenta que, según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), en el tercer trimestre de 2008, momento de máxima expansión, había 135.415 trabajadores en las entonces más de 40 cajas que existían, en estos cinco años casi uno de cada cuatro empleados ha perdido su puesto.

Las ayudas públicas al conjunto del sistema financiero español ascienden a 52.739 millones, sumando los 38.870 que concedió Bruselas a Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa, BMN, Caja España-Duero, Caja 3 y Liberbank a los 13.869 millones que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) prestó a los grupos de cajas para que acometieran sus fusiones.

A esa cifra inyectada directamente en los bancos en apuros habría que sumar además otros 2.500 millones de euros prestados por la Unión Europea para la constitución de la Sociedad de Gestión de Activos inmobiliarios procedente de la Restructuración Bancaria (Sareb), el ‘banco malo’ puesto en marcha por el ministro de Economía, Luis De Guindos.

En total, 55.200 millones de euros, sin contar los esquemas de protección de activos (EPA) otorgados a las entidades que se han adjudicado los bancos intervenidos.

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