La reacción se podía adivinar. Cuando el Ministerio de Industria remitió el pasado 18 de julio a la Comisión Nacional de Energía el decreto sobre autoconsumo en el que se incluían las tasas a pagar por los consumidores que opten por esta vía, desde el sector de las renovables se elevó un clamor de indignación ante la que consideran “la regulación al autoconsumo más restrictiva del mundo”.
En una carta abierta, Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables, explica que “la solución arbitrada es cargar la merma de ingresos que dejan de percibir las eléctricas a las espaldas del consumidor y del contribuyente a través de la subida de peajes y de trasladar a los presupuestos del Estado todo lo que permita Bruselas”. Y añade que “se expulsa del mercado y de la libre competencia a las energías renovables y cualquier forma de ahorro de energía, como es el autoconsumo, para que nadie invada su cuota de mercado”.
Esa solución arbitrada que tanto enfado ha despertado incluye un peaje de respaldo que se pagará por generar energía en un domicilio. Según la Unión Española Fotovoltaica (Unef), esta tasa es un 27% más alta que si se opta por el consumo convencional y se abona el peaje por el uso tradicional de la red. Esta asociación, que agrupa a unas 300 empresas y representa a un 85% del sector, también critica que se impida el ahorro de los consumidores y se paralice la entrada de nueva competencia en el mercado eléctrico.
En los últimos cinco años los consumidores han visto cómo los precios de la tecnología fotovoltaica han bajado un 80%. En un contexto de crisis en el que las tarifas de las eléctricas no hacen más que subir, producir su propia electricidad con paneles solares o molinillos se había convertido en una alternativa de ahorro muy interesante.
De hecho, ya se ha desarrollado un pequeño mercado de autoconsumo instantáneo, amparado por un decreto de 2011, en el que se han integrado sobre todo industrias y comercios, que conseguían reducir sus facturas energéticas y mejorar su competitividad. Cuando se apruebe el decreto de autoconsumo tienen dos meses para inscribirse en un registro oficial y comenzar a pagar estos peajes. En caso contrario, se enfrentan al corte de suministro o a sanciones que llegan a los 30 millones.
