Las grandes empresas industriales en España, como Alcoa, Acerinox o Arcelor Mittal, observan con creciente preocupación las intenciones del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, de querer reducir los pagos por algunos servicios como la cogeneración y, sobre todo, la interrumpibilidad.
La gran industria percibe 2.500 millones de euros anuales con el sistema eléctrico por esos dos conceptos. Sin embargo, en plena reforma del sistema eléctrico, los asesores de Soria estudian rebajar esta cantidad de un modo u otro. La AEGE (Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía), que representa los intereses energéticos de cementeras, químicas, papeleras y siderúrgicas, ya ha advertido al Ministerio que esa decisión es «inasumible».
Esta agrupación sostiene que si estas condiciones cambian, España dejará de ser, definitivamente, un país competitivo. En consecuencia, la reestructuración de algunas de estas empresas sería inevitable. «De aprobarse [la propuesta] en los términos actuales, significaría el cierre de un importante número de centros de producción y la pérdida de miles de empleos», advierte la AEGE.
De momento el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no ha presentado ningún plan concreto para llevar a cabo. Sólo indica que un concepto como el de la interrumpibilidad tiene que ser de algún modo revisado puesto que es un servicio eléctrico según el cual, en caso de que falte potencia, algunas grandes industrias se comprometen a reducir su consumo. Y eso es algo que no ha sucedido en más de una década.
A Soria se le amontonan, así, las quejas encima de la mesa. También hay un grupo de inversores alemanes –fondos de inversión y grandes fortunas- que plantean llevar a España a un arbitraje internacional tras enterarse de que las retribuciones de las renovables –en donde estos inversores entraron durante los años del ‘boom’- van a ser recortadas de nuevo.
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