El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso ha asegurado en rueda de prensa en la Asociación de la Prensa de Madrid que el sector medidas legales contra la polémica reforma energética del ministro de Industria José Manuel Soria.
Dicha legislación (además de acrecentar más de un 3% el recibo de electricidad) contempla también un reparto en los costes como parte de la reforma y que permitirá recortar 4.500 millones adicionales del desequilibrio estructural del sistema eléctrico. Del total, los consumidores asumirán 900 millones de euros, el Estado se hará cargo de otros 900 y las empresas eléctricas y renovables asumirán “a medias” los 2.700 millones sobrantes.
Según ha comentado el líder de la UNEF, se encuentran “en pleno derecho de denunciar al Ejecutivo” y este tema se encuentra en manos de los abogados que los representen.
Esta reforma tiene en cuenta también imponer un tope de rentabilidad bruta del 7,5% para la totalidad de la vida útil de los proyectos de las diversas empresas energéticas, lo que ha caldeado el ambiente en el ámbito renovable. “Si el 7,5% fuera real sería aceptable, pero es algo complicado de conseguir debido a las deudas que tienen las empresas del ramo”.
Los representantes del sector han insistido también en que esta medida tiene un claro “afán recaudatorio” y han asegurado que es una locura que se haya dejado en manos de una sola persona casi todas las decisiones a este respecto.
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca ha sido el más combativo de la mesa y ha asegurado que lo que “el PP está llevando a cabo es un atropello a la ciudadanía, a la empresa y a la sociedad, vamos a pedir que los votantes del partido se quejen contra una medida llevaba a cabo por el ministro Soria, Alberto Nadal y dos más”.
Según él “ni en la peor dictadura se regula así” y ha confiado en hacerse con el apoyo de comunidades autónomas como Extremadura o Murcia, para poder llevar la normativa ante el Tribunal Constitucional. “Cuando hayamos agotado las posibilidades a escala nacional pondremos los ojos en el ámbito internacional”, señalaba.
Por su parte, José Migue Villarig, el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), se ha quejado de la escasa claridad de la nueva legislación, que según él se trata de “una estafa”.
