Navantia, una filial de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ha renunciado a personarse en el caso que investiga el presunto pago de comisiones por la venta de ocho patrulleros a Venezuela en los tiempos en los que el ministro de Defensa era José Bono. Según aseguran fuentes conocedoras del proceso, la decisión ha sorprendido al juzgado de Madrid que instruye en caso porque según la Fiscalía Anticorrupción, el comisionista (una empresa venezolana) desvió 12 millones de euros a los socios españoles. Además, el total de las comisiones, que asciende a 42 millones de euros (un 3,5% del monto total de los contratos), podría suponer un duro golpe económico para la compañía española.
Según destacan las mismas fuentes, el rechazo de la naviera española a personarse en el caso se ha producido después de que algunos miembros de la cúpula de la empresa realizaran un reciente viaje a Venezuela.
El juzgado de instrucción número ocho de Madrid, cuya titular es Rosario Espinosa, mantiene imputados por tráfico de influencias y delito fiscal a los dos comisionistas españoles, Javier Salas Collantes, último presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), que salió del Gobierno en 1996, y el que fuera su subordinado en el INI Antonio Rodríguez-Andía. Cada uno habría cobrado seis millones de euros. El INI que Salas presidió se transformó en la actual SEPI, que es dueña del 100% del capital de Navantia.
La venta de los buques se firmó el 28 de noviembre de 2005 en Caracas. Poco antes, el 30 de septiembre, Navantia firmó un acuerdo mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd., a la que otorgó una comisión del 3,5%, 42 millones de euros. A su vez, Rebazve contrató a Rodríguez-Andía, expresidente de la pública Trasatlántica, y le pagó doce millones de euros, de los que seis terminaron en cuentas del que fuera fuera su jefe en los primeros gobiernos de Felipe González, Salas Collantes.
Rebazve, administrada por los empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides, también repartió en su país una parte de los 42 millones de euros que facturaron.
