Han pasado ya tres meses desde que UPyD presentara una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción contra Caja Madrid, su consejo de administración y su comité de dirección por estafa y apropiación indebida y aún no hay ninguna novedad. El partido que lidera Rosa Díez critica la tardanza de la Fiscalía.
“Tres meses después de la presentación de la denuncia contra Blesa y Caja Madrid me dicien en la Fiscalía Anticorrupción que ‘están en ello’”, afirma el abogado de UPyD, Andrés Herzog, a través de su cuenta de Twitter, un día después de la salida de prisión del expresidente de la entidad.
UPyD denunció en marzo que las cuentas de la entidad «estaban maquilladas» y apuntó que los 152.000 millones de euros en activos que supuestamente aportaba Caja Madrid a Bankia en el momento en que se constituyó el banco, así como el patrimonio neto de 5.100 millones, «se volatilizaron». A ello suman las retribuciones «estratosféricas» de sus directivos.
Según subrayó UPyD en la demanda, las retribuciones establecidas a favor del comité de dirección son «inauditas», ya que contribuyeron a que entre 2007 y 2010 se repartieran 71,9 millones de euros entre una docena de directivos, con una media de 17 millones por ejercicio.
En concreto, alertó de que Blesa percibió un total de 12,4 millones de euros en estos cuatro años, Ildefonso Sánchez Barcoj 9,7 millones, Matias Amat Roca 9,7 millones, Enrique de la Torre 7,2 millones y Ricardo Iglesias Morado 6,2 millones de euros.
UPyD considera que las retribuciones incurren en la calificación de conducta abusiva y desleal «penalmente relevante» debido a que «no están retribuyendo ningún tipo de excelencia profesional» y agrega que la mayoría de ellas se acordaron o modificaron «a la vista de que la previsible fusión o integración de Caja Madrid» iba a dejar a los miembros del comité y del consejo sin cargo.
La formación política basa su demanda en las «múltiples irregularidades» detectadas por el Banco de España en la gestión de Caja Madrid y que «fueron ignoradas» por la entidad. Así, precisa que la aportación de activos y patrimonio de la caja era «irreal», ya que «se realizó ocultando e ignorando las innumerables irregularidades detectadas» por el supervisor en sus informes de inspección.
