El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha elevado a 35 millones de euros la fianza solidaria impuesta a los cinco ex directivos de la CAM imputados por presuntas irregularidades en la gestión de la caja alicantina, y les ha concedido un día de plazo para abonarla, advirtiendo que, si no la hacen efectiva, se procederá al embargo de sus bienes.
El magistrado impuso hace ahora un año, en junio de 2012, una primera fianza de 25,8 millones de euros a los dos últimos ex directores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex presidente Modesto Crespo y los ex directores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press fechado ayer lunes, el juez explica que tras tomar declaración a los imputados y analizar la documentación obrante en la causa puede afirmarse que «los imputados al menos conocían o debían, pudieron y no quisieron conocer la situación patrimonial de la CAM».
A pesar de ello y «en el mejor de los supuestos», no pusieron «objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes».
Gómez Bermúdez indica que firmaron un contrato que les garantizaba incluir en las cuentas de 2011 el cobro de «suculentos planes de jubilación» ante la posibilidad de que la situación de la CAM fuera conocida y derivara en una intervención del Banco de España, como terminó ocurriendo.
Explica también que «se fijaron sueldos y cobraron bonificaciones con el falseamiento de la auténtica situación patrimonial» del banco de modo que se cerraba el ejercicio con resultado positivo en cuantía tal que permitía el cobro del bonus, cuando el resultado real hubiera impedido que se les abonara.
El auto agrega que el informe pericial solicitado por el instructor al Banco de España sobre la gestión de la caja no estará listo hasta finales del próximo mes de septiembre. Por ello, y para garantizar «los derechos de todas las partes y que puedan interponer los recursos procedentes» opta por fijar esta cantidad como garantía de las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de la mala gestión de la entidad.
Gómez Bermúdez retiró el pasado año el pasaporte a Amorós y Abad y ordenó que ambos comparezcan cada 15 días en los juzgados más próximos a su domicilio. Los otros tres imputados en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la caja alicantina -el ex director general de Recursos Vicente Soriano Terol, el ex director de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex presidente Modesto Crespo- habían quedado libres sin la imposición de medidas cautelares.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y se sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB. Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell –que se la adjudicó por un euro– comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
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