El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará a otros tres responsables de Caja Madrid en la pieza separada sobre el diseño y la venta de las participaciones preferentes tras haber admitido a trámite una nueva querella presentada por un particular que solicita en su escrito la imputación de tres miembros más de la cúpula de la entidad. Se trata de los miembros del Consejo José Luis Sánchez Blázquez y Álvaro Canosa Castillo y el que fuera director del Área de Cumplimiento Normativo de la caja, Manuel Fernández Navarro.
Según un auto dictado esta tarde al que ha tenido acceso Europa Press, el cliente asegura que adquirió en 2010 deuda subordinada de la entidad por importe de medio millón de euros y, por recomendación de su banco, vendió estos activos para contratar participaciones preferentes por un valor de 535.000 euros.
A pesar de que los tres responsables de Caja Madrid serán investigados, en el texto, el magistrado deja claro que ninguno de los cargos se encuentra por el momento imputado por esta causa.
La admisión a trámite de la querella de este particular se produce después de que ayer se hiciera lo mismo con una primera querella de UPyD que solicitaba la apertura de una investigación sobre el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión de las preferentes contra varios cargos directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia.
Según especifica en un auto que se hizo público ayer, el magistrado investigará por delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas a los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García. A ellos se suman los implicados en la nueva querella.
No obstante, el juez Andreu rechazó admitir la querella, como solicitaba UPYD, contra el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura.
