El exgobernador del Banco de España (BdE) Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha atribuido la situación de la CAM a que sus gestores han sido «menos profesionales y prudentes» que los de otras cajas, así como «a lo que haya podido hacer la comunidad autónoma, a la hora de los nombramientos y del seguimiento de los gestores»
Fernández Ordóñez ha acudido hoy a la comisión de investigación de la CAM las Cortes Valencianas –donde estaba convocado a las 10.30 horas–, después de que en abril del año pasado se negara a comparecer alegando que su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales, pero no al ámbito de actuación de las comisiones de investigación de los parlamentos autonómicos.
Ante estas negativas a comparecer, la Mesa de la Comisión de Investigación de la CAM acordó entonces ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, pero las diligencias fueron archivadas. Sin embargo, el pasado mes de abril, cuando se abrió un nuevo plazo para solicitar más comparecencias, tres de los cuatro grupos parlamentarios –PP, Compromís y EUPV– volvieron a pedir la intervención de Fernández Ordóñez.
El exgobernador, en su comparecencia, ha negado que haya habido «maltrato» a la CAM por parte del Banco de España, y ha señalado que «si ha habido alguna diferencia en cuanto a resultados» respecto a otras cajas «no se debe a que el Banco de España haya dado peor trato a la CAM», sino a que la caja alicantina «se ha comportado de forma distinta a otras entidades», informó Europa Pres.
Ordóñez, que ha hecho un repaso por el proceso de reestructuración bancaria llevado a cabo en España, ha valorado que «los resultados más interesantes de la reestructuración del sistema financiero español no son los cuantitativos sino los cualitativos, como la metamorfosis de las cajas en bancos», lo que, según ha destacado, «puede evitar volver a sufrir los excesos que ha habido en algunas cajas».
Asimismo, ha subrayado que los «problemas» que sufrían las entidades hace unos años «están resueltos y a nadie se le ocurriría dejar a gestores incompetentes al frente de entidades», ni tampoco «devolver a los políticos de las comunidades autónomas competencias como la posibilidad de vetar fusiones».
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