La decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión provisional sobre el impuesto a los depósitos bancarios en Cataluña no sólo ha supuesto un duro revés para el Gobierno, sino que en parte ha dejado en evidencia al Abogado del Estado, que, tal y como señala el auto, recurrió a la web de la Asociación Española de Banca (AEB) en su alegato a favor de la suspensión.
Según se puede leer en el auto, el Abogado del Estado solicitó mantener la suspensión de este impuesto aludiendo a los perjuicios que la ley catalana tendría para el sector de las entidades de crédito y su reestructuración, así como para el acceso al crédito de las empresas y economías domésticas y, por extensión, para el crecimiento económico.
Sin embargo, señala el TC, el abogado recurrió a la página web de la AEB, en la que la propia patronal bancaria se define como “una asociación profesional abierta a todos los bancos españoles y extranjeros que operan en España” cuyas funciones “se centran en la defensa y representación de los intereses colectivos de sus miembros en los distintos ámbitos que afectan a su actividad”.
“Siendo ello así, no es de extrañar y resulta perfectamente comprensible que los posibles obligados al pago del tributo, caso de levantarse la suspensión, estimen que dicho tributo va a perjudicarles y expongan sus argumentos en tal sentido”, señala el Constitucional en el auto, con fecha del 21 de mayo.
No obstante, la batalla legal por este polémico impuesto no ha hecho más que comenzar. Según se conoció ayer, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está estudiando la posibilidad de recurrir el levantamiento de la suspensión, para lo que ya está analizando los argumentos que ha dado el Tribunal Constitucional y los que tiene el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro para intentar revocar esta decisión.
En el auto, el Constitucional avala este impuesto “en un momento de fuertes recortes presupuestarios, obligados para afrontar las actuales exigencias de reducción del déficit y del endeudamiento de la comunidad autónoma de Cataluña”. No obstante, el recurso de inconstitucionalidad sigue adelante al margen de esta suspensión.
En el primer pleno ordinario de la X legislatura, el consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, presentó este impuesto con el que prevén recaudar 500 millones de euros, y que fue fruto del acuerdo de gobernabilidad de CiU y ERC.
