Ya hay remedio para el rechazo a los recortes de la ‘troika’ que impuso el Tribunal Constitucional de Lisboa. Los portugueses trabajarán más horas a la semana y se jubilarán más tarde para cumplir con las exigencias de Bruselas y salvar así su multimillonario rescate internacional. El primer ministro Passos Coelho ha justificado la medida como salvaguarda para el sistema público de pensiones.
El colectivo profesional que con más crudeza sentirá la tijera de Bruselas será el de los funcionarios. El Ejecutivo luso ha anunciado el despido y recolocación de unos 30.000 empleados públicos. Los que se queden tras el recorte tendrán que trabajar 40 horas a la semana en lugar de las 35 con que debían cumplir hasta ahora. Por si fuera poco, se revisará a la baja su tabla salarial, ha anunciado el primer ministro Pedro Passos Coelho.
El cambio que sí afectará a todos los trabajadores lusos será el de retrasar la edad de jubilación. Una medida que la ‘troika’ ha ido imponiendo en todos los países que han recurrido a la petición de rescate, incluso a los que sin pedirlo han atravesado serios apuros económicos, como España. En Portugal, la edad de retiro con todos los derechos retributivos se extenderá hasta los 66 años, aunque legalmente se mantendrá en los 65 años de edad.
En el caso de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional Republicana y la Policía de Seguridad Pública, se extiende hasta los 58 años la edad para pasar a la reserva o prejubilarse. Además, los ministerios verán recortado un 10% su presupuesto para adquisición de bienes y servicios, según recoge la prensa local.
Una agresiva batería de medidas con la que el gabinete de Passos Coelho confía en ahorrar los necesarios 4.800 millones hasta 2015 que le aseguren el respaldo económico de Bruselas y, por ende, de Alemania. El primer ministro ha apelado al diálogo con el resto de fuerzas políticas para «perfeccionar» las medidas y «minimizar su impacto». No ha faltado tampoco una mención al esfuerzo necesario para plasmarlas de mantera que sean adecuadas al ordenamiento constitucional del país para que no ocurra como con el reciente intento de recorte de pensiones y suspensión de pagas extra a funcionarios.
Las medidas, que ya se han ganado el rechazo de un buen número de colectivos ciudadanos y políticos, «valen la pena» según el líder del Ejecutivo luso porque «fallar ahora sería desperdiciar esos sacrificios», ha defendido.
