El Gobierno reconoce que el decreto sobre preferentes (que incluye la previsión de una derrama de 2.000 millones de euros de las entidades bancarias al FGD para poder dar liquidez a las participaciones de entidades nacionalizadas) provocará una reducción del crédito en un primer momento, pero confía en que a la larga consiga una mejora de la confianza y de la estabilidad del sistema financiero.
Así lo asegura la agencia Europa Press, que cita la Memoria de Impacto Normativo que acompaña al decreto ley de Protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo y que será convalidado por el Pleno del Congreso el próximo jueves.
Según dicho documento, siempre según la agencia, el decreto “responde a la motivación de abordar con urgencia diversas necesidades surgidas en el ámbito financiero que, por distintos motivos, requieren una actuación inmediata”.
Entre otras cosas, se busca una solución “inmediata” al problema de los productos financieros híbridos como las preferentes o la deuda subordinada que fueron comercializados de forma irregular entre pequeños ahorradores. Para ello, se prevé que el FGD aporte liquidez al canje de estos títulos en las entidades nacionalizadas que no están en bolsa, lo que hace necesario una “contribución especial” de las entidades financieras al fondo.
Esta derrama se elevará al 3 por mil de los depósitos computables de las entidades con lo que la cuantía final alcanzará entre 1.500 y 1.900 millones de euros con los que comprar esos títulos.
“Es cierto que la introducción de una contribución extraordinaria supondrá un esfuerzo adicional del sector bancario que podría tener un efecto reductor del crédito. No obstante, trae causa de una ampliación de las atribuciones del FGD que incide en una mejoría de la estabilidad financiera y una mayor confianza del inversor”, explica el Gobierno.
