El próximo 1 de abril entrará en vigor el polémico decreto ley sobre las jubilaciones anticipadas anunciado la semana pasada por el Gobierno, y tanto a las antiguas cajas de ahorros como a los sindicatos les han entrado prisas para cerrar cuanto antes los expedientes de regulación de empleo (ERE) actualmente en negociación. Estas urgencias afectan a entidades en situaciones tan diferentes como Caja España-Duero, cuyo futuro está en el aire, y La Caixa, una de las más solventes del sector.
Caja España-Duero ha abierto esta misma semana las reuniones con los representantes de los trabajadores, con la intención de recortar 1.502 empleos, aproximadamente un 30% de la actual plantilla, y ya ha mostrado su intención de cerrar el proceso antes del 1 de abril. Algo similar ocurre en CaixaBank, el banco de La Caixa, que tras varios contactos iniciales, ha acelerado en las últimas fechas las citas con los sindicatos, con hasta dos reuniones por día en alguna jornada.
Las prisas también afectan a los sindicatos, que defienden preferiblemente las prejubilaciones voluntarias dentro de las medidas no traumáticas a través de las cuales llevar a cabo los ajustes de personal.
El Ejecutivo aprobó el pasado viernes un decreto que, entre otros aspectos, obliga a las empresas con beneficios a abonar el paro a sus trabajadores afectados por un ERE, con el objetivo de poner fin a las prejubilaciones masivas en el sector financiero. En otras palabras, las compañías con pérdidas que en los próximos cinco años sumen al menos dos con beneficios tendrán que hacerse cargo del coste de las cotizaciones, las prestaciones y los subsidios por desempleo, una medida que afectará de lleno a la banca nacionalizada, como Caja España-Duero.
Entre el resto de entidades que han recibido ayudas públicas, sólo BMN, que deberá recortar 860 puestos de trabajo, y Liberbank, que en principio no planea despidos, no han alcanzado todavía un acuerdo con los sindicatos. Sí lo han hecho Bankia, Novagalicia, Banco de Valencia y Caja 3. La gran incógnita es CatalunyaCaixa, obligada a una reestructuración que en su momento no se llevó a cabo por el proceso de subasta pública, finalmente suspendida.
Además, la empresa también tendrá que hacerse cargo de las prestaciones, si el porcentaje de despedidos mayores de 50 años es mayor que el de empleados de este colectivo que permanecerá en la compañía.
La norma también afectará a los trabajadores, ya que el Gobierno exigirá una carrera mínima de 35 años de cotización para acceder a la jubilación anticipada voluntaria y 33 años cotizados en el caso de la jubilación anticipada forzosa y también en la jubilación parcial. También ha elevado la edad para acceder a estas modalidades, en consonancia con la última reforma de pensiones.
Asimismo, se dificulta para el colectivo mayor de 55 años percibir el subsidio por desempleo una vez agotada la prestación. Hasta ahora, para poder percibir esta ayuda sus ingresos no podían superar el 75% del salario mínimo interprofesional, 641 euros. Sin embargo, a partir de este momento se tendrán en cuenta las rentas de las personas que convivan con el potencial beneficiario.
La suma total de las rentas de toda la unidad familiar se dividirá entre los miembros de la misma y si el resultado es mayor a ese 75%, el desempleado mayor de 55 años que solicite el subsidio especial no cobrará la prestación. De esta manera, se complica ampliamente la posibilidad de recibir la ayuda, pues si el potencial beneficiario convive con su pareja y ésta cobra poco más de 900 euros, no tiene derecho al subsidio; así como si se convive con los hijos y estos reciben un salario cercano a los 1.000 euros.
Pero además, se aprobó la creación de un comité de expertos independientes para regular la sostenibilidad de las pensiones, lo que augura unas peores perspectivas cuando al fin puedan acceder a la jubilación.
Todas estas trabas impactan directamente sobre el ERE planteado por CaixaBank, que afectará a 3.002 empleados de la entidad. La intención tanto de los sindicatos como de la entidad era llevar a cabo la mayor parte posible de este recorte a través de prejubilaciones, y si no se alcanza un acuerdo antes del día 1, las condiciones serán sensiblemente peores para los trabajadores de mayor edad.
