El ‘banco malo’ (Sareb) ya ha sido constituido como sociedad anónima con el Estado como único accionista con un capital social inicial de 60.000 euros, para posteriormente ampliar capital con la entrada de los socios privados. Sin embargo, el proyecto nace sin inversores internacionales interesados en entrar, por lo que serán los bancos y aseguradoras españoles los que se verán ‘obligados’ a invertir en él.
El ministro de Economía, Luis De Guindos, ha hecho todo lo posible para atraer inversores internacionales a su proyecto, que pretende ser la pieza central de la reestructuración del sector financiero. Entre sus esfuerzos, incluso ha aprobado una fiscalidad similar a la de las sicav (1% de los beneficios) con el objetivo de “dar atractivo fiscal a quienes inviertan”, según sus propias palabras, pero parece que ha sido en balde.
Una idea del éxito que ha tenido el llamamiento del Gobierno para atraer a los inversores internacionales puede hacerse echando un vistazo al blog financiero ‘Zero Hedge’, uno de los más visitados por los especuladores.
“Los detalles del ‘banco malo’ se están conociendo y son más feos de lo que muchos habían esperado”, señala en una de sus entradas este blog, que apunta que “mientras el Gobierno español espera que el interés privado tome de sus manos algo de su ‘mierda’ (sic) con fuertes descuentos, nosotros tenemos tres palabras: ‘desapalancamiento’ y ‘no haga una oferta (‘no bid’ en el original en inglés)’”. “El estado del mercado inmobiliario español es una catástrofe absoluta y los ‘haircuts’ implícitos en el ‘banco malo’ sólo lo confirman”, señala Zero Hedge.
Así, serán los inversores españoles los que deberán ‘apechugar’ con el banco malo, pero incluso entre estos las reticencias con las que se ha encontrado el Gobierno no han sido pocas. Por el momento, el mercado especula con que Santander y La Caixa aporten entre 300 y 500 millones de euros cada uno, mientras que es una incógnita si finalmente Guindos logrará convencer al BBVA para que participe. La aportación del resto de bancos será más modesta, y lo mismo se puede decir del sector asegurador, que invertirá unos 250 millones de euros liderado por Mapfre (50 millones).
En el mejor de los casos, la cifra se situará muy lejos de los más de 2.500 millones de euros que tiene previstos el Gobierno, que necesita que al menos un 51% de la Sareb acabe en manos privadas, para que no contabilice como deuda pública. En principio, la sociedad contará con unos recursos propios de 5.000 millones de euros, de los que 1.000 millones serán capital y otros 4.000 millones serán deuda subordinada.
Ya se han iniciado los trabajos para que las entidades nacionalizadas transfieran sus activos ‘tóxicos’ al ‘banco malo’, según ha informado el Ministerio de Economía en un comunicado en el que señala que la transmisión de activos de las nacionalizadas (Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia) debe finalizar el 31 de diciembre, tal y como establece el Memorando de Entendimiento (MoU) suscrito para el rescate a la banca española.
Con la dirección de la presidenta de la Sareb, Belén Romana, y su director general, Walter de Luna, se está trabajando en la operativa para transferir activos, en especial, su identificación y los sistemas informáticos. El MoU señala que se han de preparar las normas para clarificar el papel de las cajas de ahorros en su calidad de accionistas de las entidades de crédito, con vistas a una eventual reducción de su participación a niveles no mayoritarios.
